El asesinato de 13 trabajadores mineros en Pataz, La Libertad, y la creciente violencia ligada a la minería ilegal, generó que desde se presenten dos mociones para la creación de comisiones investigadoras multipartidarias para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades penales, políticas y administrativas.
Las mociones fueron presentadas por los congresistas Elías Marcial Varas Meléndez (Juntos por el Perú – Voces del Pueblo) y, las segunda por José Enrique Jerí Oré (Somos Perú), Luis Ángel Aragón Carreño (Acción Popular), Bernardo Jaime Quito Sarmiento (Bancada Socialista), Roberto Helbert Sánchez Palomino (Juntos por el Perú – Voces del Pueblo), Ruth Luque Ibarra (Bloque Democrático Popular), Alejandro Soto Reyes (Alianza Para el Progreso) y Miguel Ángel Ciccia Vásquez (Renovación Popular).
La primera moción propone una comisión que investigue todos los hechos delictivos ocurridos desde 2020 en la zona, así como la actuación de las autoridades locales, regionales y nacionales. La segunda moción, respaldada por parlamentarios de diferentes bancadas, establece un plazo de 120 días para investigar las circunstancias del secuestro y asesinato de los trabajadores, y las posibles vinculaciones con organizaciones criminales dedicadas a la minería ilegal.
La segunda detalla que, según las investigaciones preliminares, apuntan a la participación de organizaciones criminales como “Los Pulpos”, “Tren de Aragua” y “La Gran Familia”, con posible complicidad de miembros activos de la Policía Nacional, dos de los cuales estarían vinculados a la empresa de seguridad R&R. La situación evidencia una preocupante infiltración del crimen organizado en instituciones del Estado.
Pese a que la provincia de Pataz ha estado bajo estado de emergencia desde febrero de 2024, las medidas adoptadas por el Ejecutivo, incluyendo el toque de queda y la suspensión de actividades mineras mediante el Decreto Supremo N.º 060-2025-PCM, han sido consideradas insuficientes por diversos sectores.
Ambas comisiones contarán con el apoyo de especialistas en seguridad, minería, justicia penal y derechos humanos, y podrán coordinar con instituciones como la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público y la Contraloría General.
Con estas acciones, el Congreso busca esclarecer responsabilidades, proponer reformas estructurales y responder a una de las crisis de seguridad más graves asociadas a la minería ilegal en el país
