El Poder Judicial autorizó a las empresas del sector privado a importar vacunas contra la Covid-19 para su distribución gratuita entre su personal y familiares directos, así como realizar la inoculación respetando los protocolos establecidos.
El Segundo Juzgado Especializado en lo Civil de La Molina y Cieneguilla exhortó al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Salud y la Presidencia del Consejo de Ministros, a reglamentar el proceso que las empresas deben seguir para la obtención del fármaco.
Asimismo, insta al Poder Ejecutivo a trabajar de manera conjunta con los gobiernos regionales y locales en el proceso de vacunación a la población, a fin de procurar que durante este año se culmine con la inmunización de las personas de entre 18 y 59 años.
Por otro lado, la resolución rechaza ordenar la liberalización total de la importación de vacunas para su libre comercialización, sin sujeción a requisitos sanitarios.
Se descarta también permitir a los gobiernos regionales y locales la importación de dosis contra la Covid-19.
La acción de amparo fue interpuesta por el alcalde de La Molina, Álvaro Paz de la Barra, en contra de la Presidencia del Consejo de Ministros, el Congreso de la República y el Ministerio de Salud.
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