Ninguna empresa presentó ofertas para operar el bloque emblemático, lo que obliga a revisar el esquema contractual y las condiciones de licitación.
El proceso internacional convocado por Perupetro para adjudicar la operación del Lote Z-69, ubicado frente a las costas de Talara, Paita y Sechura en Piura, fue declarado desierto tras no presentarse postores. El bloque, que abarca 127.056 hectáreas y que por 30 años fue operado por Savia Perú, pasó en noviembre de 2023 a administración temporal de Petroperú, que también gestiona los lotes I y VI. Sin embargo, el encargo actual limita a la estatal en inversiones y asociaciones estratégicas.
El plan diseñado por Perupetro exigía compromisos de perforación y reacondicionamiento de pozos: al menos uno exploratorio de 2.750 metros en el quinto año, 40 reacondicionamientos en los primeros cuatro años y 42 nuevos pozos de desarrollo hasta el décimo. Además, replicaba el esquema del Lote X, reservando una participación del 25% para Petroperú. A pesar de ello, el interés fue nulo, lo que refleja la desconfianza del mercado hacia las condiciones contractuales planteadas.
Según cifras de Perupetro, la producción promedio del bloque en agosto de 2025 fue de 3.273 barriles diarios, frente a los 3.359 de julio y los 3.494 del promedio anual, confirmando una tendencia decreciente típica de lotes próximos a devolución. Tras la falta de ofertas, el futuro del Lote Z-69 queda abierto, mientras Perupetro y el Ministerio de Energía y Minas analizan alternativas para garantizar continuidad en el zócalo costero de Piura.
¿Por qué no atrajo interés el Lote Z-69?
Carlos Gonzales, gerente de Enerconsult, advirtió a Infobae que las bases de licitación presentaban deficiencias que alejaron a potenciales operadores. “Es un resultado que debe llevarnos a analizar y buscar una respuesta. ¿Qué hicimos mal para que un lote con reservas probadas, en producción, con comprador y mercado, no atrajera ningún postor?”, cuestionó.
Entre las condiciones, destacó una regalía de 18,75%, superior al 16% anterior, un adicional de 4% para fondos sociales y de abandono, la obligación de una póliza de US$ 10 millones y la transferencia de plataformas con más del 50% candidatas a abandono. Para el especialista, estas exigencias estuvieron “muy distantes de la realidad”, y ahora corresponde repensar y corregir el esquema.
