La semana pasada la empresa Naturgy anunció la resolución de su contrato de concesión para masificar gas natural en Arequipa, Moquegua y Tacna. Señaló que el Estado no había podido establecer una regulación que le permita tener tarifas competitivas frente a otros combustibles.
Con el fin de darle continuidad al proceso de concesión para masificar el gas natural en siete regiones (Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Junín, Cusco, Puno y Ucayali), ProInversión indicó que este proyecto tendrá ciertas mejoras.
Entre ellas, tendrá un mecanismo de ingresos complementarios sobre la base del cargo tarifario del SISE (Sistema de Seguridad Energética en Hidrocarburos). Así, se busca reducir el riesgo económico para el concesionario. Asimismo los costos de conexión serán financiados por el Fondo de Inclusión Social Energético (FISE).
Pablo de la Flor, director ejecutivo de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía sostuvo que existe una enorme preocupación y malestar por la situación de Naturgy, “sobre todo, porque es una problemática que habíamos advertido”.
Para De la Flor, esta situación puede poner en tela de juicio la posibilidad de que se concrete el proyecto de siete regiones tan importante para el país, y con un monto de inversión estimado en US$ 200 millones. Resaltó la importancia de que la convocatoria, que ya ha sido postergada varias veces, sea debidamente acogida por los postores.
Con respecto a lo que plantea ProInversión, el director ejecutivo de la SNMPE señaló es una modalidad que necesita mayor precisión. Uno es el subsidio a partir del uso del FISE, para los costos de conexión, y el otro del uso del SISE para garantizar ingresos complementarios.
“Sin embargo, los montos específicos y porcentajes involucrados serán materia, según el propio contrato, de un señalamiento posterior a partir de la publicación del propio reglamento que hará el propio Osinergmin. Hay incertidumbre. De ahí la preocupación respecto al destino que puede tener este proceso, sobre todo considerando lo que ha sucedido con Naturgy”, subrayó.
Por su parte, Amadeo Arrarte, socio y country manager de Calden Consultoría y ex director de asuntos regulatorios y legales de Cálidda, señaló que la salida de Naturgy se veía venir, y pese a que venían buscando alternativas con el gobierno, es algo que no lograron dimensionar.
Y esto, añadió el experto, es en parte por un mal diseño de esta concesión en particular, con errores desde el principio, que no se llegaron a replicar al 100% en su concesión melliza que es la de Quavii en el norte. Para el especialista hubo total desinterés por parte del Estado de enfocarse en dar una verdadera solución al problema.
“Si eso lo analizamos de cara al contrato siete regiones, y el hecho de depender de recursos del SISE, lamentablemente estamos partiendo de un error conceptual. La concesión de siete regiones necesita de toda la ayuda económica que se pueda dar. Y esto tiene que ver con subsidios cruzados entre los propios usuarios de esta concesión, así como aportes del FISE no solo para conexiones residenciales, sino para redes”, acotó Arrarte.
Para el exfuncionario de Cálidda, hay huecos muy grandes de cómo se van a manejar los temas sociales, y arqueológicos, sobre cómo van a funcionar los aportes que va a dar el Estado para cada usuario y hasta qué límite. Incertidumbres que por más que se ha buscado, no se logran esclarecer.
En esa línea, manifestó que sería prudente hacer una pausa en el proceso de concesión de siete regiones, para repensar las cosas. “Estoy seguro que los mismos postores van a estar tranquilos. Hacer un alto, ver los ejemplos de Naturgy, para escuchar la problemática de los demás concesionarios, replantear las cosas y seguir adelante. Va a ser mejor que terminar con un Naturgy 2”.
¿Qué pasará con el sur?
Con respecto a la salida de Naturgy, ¿qué pasará con la población en Arequipa, Tacna y Moquegua que esperaba contar con el servicio? “Esa es la pregunta que nos hacemos, es un tema que queremos ahondar con el ministro, en una reunión que tendremos esta tarde”, remarcó De la Flor.
Agregó que esperan, como señaló el ministerio de Energía y Minas, tener un proceso ordenado. Pero la pregunta es, quién se va a encargar de las conexiones pendientes y de brindar el servicio.
En tanto, Arrarte confía en una salida ordenada, “no solo porque el Estado lo está buscando, sino porque es lo que Naturgy quiere hacer, para dar tranquilidad a los usuarios y que no se vean desabastecidos”.
Agregó que estos hechos perjudican a la imagen del sector energía en su totalidad, porque claramente es una señal negativa para cualquier inversionista que quiera venir al Perú.
En esa línea De la Flor coincidió que afecta muchísimo, ya que las principales preocupaciones de los agentes económicos, más aún en una coyuntura como la que vivimos, es la predictibilidad y la estabilidad en las reglas de juego.
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