La audiencia judicial que definirá si la mina Loulo-Gounkoto de Barrick Mining será puesta bajo administración provisional fue aplazada hasta el 2 de junio, según informó este jueves el juez presidente Mahamadou Tipou Keita a la agencia Reuters. La solicitud de postergación fue hecha por el propio Estado de Malí, que mantiene una disputa abierta con la minera canadiense desde 2023.
El gobierno maliense acusa a Barrick de incumplir obligaciones fiscales y exige mayor participación estatal en los beneficios de la mina Loulo-Gounkoto, una de las más importantes del país. Desde enero, las operaciones están suspendidas tras la incautación de tres toneladas métricas de oro, valoradas en US$317 millones, y la detención de cuatro gerentes de la empresa. Barrick, que controla el 80 % del proyecto, ha negado todas las acusaciones.
El conflicto se enmarca en el nuevo código minero adoptado por Malí en 2023, que endurece los requisitos para las empresas extranjeras y busca incrementar la participación estatal en el sector. Mientras otras mineras internacionales han renegociado sus contratos, Barrick es la única que no ha aceptado los nuevos términos, lo que ha agudizado las tensiones con el gobierno.
Barrick sostiene que sus operaciones solo se reanudarán si se levantan las restricciones impuestas por el gobierno, incluyendo la prohibición de exportar oro vigente desde noviembre pasado. La compañía ha calificado las acciones del Estado como arbitrarias y sostiene que está cumpliendo con todos sus compromisos legales y contractuales en el país.
La mina Loulo-Gounkoto es estratégica tanto para Barrick como para Malí: representa uno de los activos más importantes del grupo canadiense en África y constituye una fuente clave de ingresos para el Estado, que posee una participación del 20 %. El fallo del tribunal será decisivo para el futuro del proyecto y podría sentar un precedente para otras operaciones mineras en la región.
