El Gobierno de Ecuador identificó proyectos con compromisos de más de USD 4.800 millones que no se ejecutaron. La nueva tasa de fiscalización se aplicará desde julio.
El Ministerio de Energía y Minas de Ecuador anunció que revisará más de 240 concesiones de mediana y gran minería que, aunque comprometieron inversiones superiores a USD 4.800 millones, no han registrado avances. Estos permisos fueron otorgados antes del cierre del catastro minero en 2018, y, según las autoridades, la falta de exploración abre la puerta a la actividad ilegal en esos territorios.
Como parte de las medidas de fiscalización, el Ejecutivo implementará una tasa que comenzará a cobrarse en julio. Esta se calculará sobre la base de un porcentaje del salario básico por cada hectárea de concesión, variando según el tipo de régimen minero. El viceministro de Minas, Javier Subía, indicó que con esta medida se espera recaudar cerca de USD 100 millones en 2025 y hasta USD 200 millones en 2026.
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Los fondos recaudados estarán destinados a fortalecer la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom), con el fin de reforzar los mecanismos de supervisión y combatir la minería ilegal. Subía advirtió que el incumplimiento de los compromisos de inversión es motivo para revertir las concesiones, las cuales podrían ser subastadas nuevamente a través de procesos internacionales, paralelos a la reapertura del catastro minero que prepara el Gobierno.
Según el Plan Nacional de Desarrollo 2024-2025, Ecuador cuenta con 5.007 concesiones distribuidas entre minería artesanal (2.730), pequeña minería (1.613), gran minería (305), mediana minería (128) y régimen general (231). La Cámara de Minería del Ecuador ha manifestado cuestionamientos a la nueva tasa, mientras el Gobierno insiste en que la medida busca ordenar el sector y recuperar el potencial productivo de las áreas concesionadas.
