Pese a que el 82 % de los ingresos provinciales provienen de la minería, la proliferación de 36 puntos ilegales y la falta de control estatal amenazan el desarrollo sostenible en Zamora Chinchipe y el territorio de Ecuador.
Zamora Chinchipe, una de las provincias con mayor dinamismo minero del Ecuador, atraviesa una compleja crisis socioambiental. Durante el primer semestre de 2025, las lluvias intensas y la expansión descontrolada de la minería ilegal provocaron cinco fallecidos, 67 personas damnificadas, la pérdida de 142 hectáreas de cultivos y la muerte de al menos 52 animales, según la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos.
Actualmente se han identificado 36 puntos de minería ilegal en el cantón Centinela del Cóndor. Según Jimmy Tene, presidente de la organización indígena provincial Zamaskijat, “se evalúa que se perdieron más de 200.000 dólares”, una cifra que refleja la afectación directa a la economía rural y a la soberanía alimentaria local.
El impacto se agrava por la alteración de cauces fluviales en zonas como el río Zamora, donde maquinarias sin autorización han desviado corrientes, erosionado suelos y destruido tierras de cultivo. Las autoridades locales denuncian la inacción del Ministerio del Ambiente y de ARCOM, y señalan que algunos funcionarios habrían alertado con antelación a operadores ilegales, impidiendo decomisos y sanciones efectivas. Actualmente se han identificado 36 puntos de minería ilegal en el cantón Centinela del Cóndor.
A pesar de estos desafíos, Zamora Chinchipe generó en 2024 más de US$ 2.860 millones, según cifras del Servicio de Rentas Internas (SRI), consolidándose como la séptima provincia con mayores ingresos del país. El 82 % de esa cifra proviene de la actividad minera, lo que evidencia el potencial económico del sector si se encauza bajo estándares legales y sostenibles.
Para revertir esta situación, especialistas y líderes comunitarios proponen una estrategia integral: auditar las operaciones, identificar zonas aptas para pequeña minería formalizada, prohibir intervenciones en áreas sensibles y capacitar a los trabajadores para una extracción con menor impacto.
