En una respuesta tardía a la caída de los niveles de agua dulce en las zonas desérticas, Chile busca proteger un recurso natural que se ha desgastado tras décadas de actividad minera.
En medio del aumento de las quejas de comunidades locales y el empeoramiento de los efectos del cambio climático, el mayor productor mundial de cobre planea implementar medidas que dificultarán a las mineras el bombeo de agua dulce.
La Dirección General de Aguas duplicará con creces las denominadas zonas de prohibición en todo el país este año de 30 a por lo menos 70, según su director general, Óscar Cristi. No se pueden otorgar nuevas licencias dentro de las zonas de prohibición y cualquier extensión de los permisos existentes deberá ser aprobada por autoridades ambientales.
“Hay áreas donde hay minería que van a estar dentro de las nuevas zonas de prohibición”, explicó Cristi, quien declinó identificar las áreas para evitar posibles especulaciones sobre los derechos de agua. “En algunos lugares, las mineras pueden extraer más que el nivel de recarga y eso amenaza la sustentabilidad del acuífero”.
El desierto de Atacama en el norte del país, el lugar más árido de la Tierra, alberga algunas de las minas de cobre y litio más grandes del planeta. Si bien ocasionalmente se ve azotada por lluvias intensas e inundaciones, la región se ha vuelto más seca en las últimas décadas, según la DGA. Al mismo tiempo, se espera que la demanda de agua de las mineras aumente a medida que disminuyen las leyes de los minerales, lo que obliga a procesar más material para mantener los niveles de producción.
En respuesta, las mineras construyen grandes plantas desalinizadoras y se espera que el uso de agua de mar se triplique de aquí a 2029, según el pronóstico más reciente de la Comisión Chilena del Cobre, Cochilco. Pese a eso, el uso de agua dulce en las minas gigantes del país crecerá un 12 por ciento para 2029, agregó Cochilco.
El plan de la DGA para incrementar las áreas de protección del agua es parte de una reforma de mayor alcance que incluye la realización de estudios independientes para determinar los niveles de agua en 10 cuencas distintas. Por el momento, la agencia depende de la información contenida en los informes de empresas a la hora de otorgar los derechos de agua.
