Numerosos gobiernos y ONG pidieron el lunes prudencia ante las presiones de la industria minera submarina, a pocos meses de la esperada presentación de la primera solicitud para explotar codiciados minerales en aguas internacionales.
En la apertura de una reunión de dos semanas de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (ISA, por su sigla en inglés) en Jamaica, varios países que piden una moratoria de esta actividad para proteger los ecosistemas se mostraron preocupados por los riesgos de concluir demasiado rápido la elaboración de un «código minero» para regularla.
«Todavía estamos lejos de alcanzar un consenso sobre un código minero», comentó el embajador francés Olivier Guyonvarch. El último borrador consolidado del texto está salpicado de corchetes que ponen de manifiesto los desacuerdos.
«Hasta que no dispongamos de información científica suficiente y de un marco jurídico que garantice que cualquier plan de explotación se base en datos científicos reales y en normas sólidas, necesitamos una pausa cautelar sobre cualquier actividad», insistió la delegación costarricense.
Esta postura va ganando terreno, pero está lejos de contar con el apoyo unánime de los 169 Estados miembros de la ISA.
«Proteger el medio ambiente no significa abandonar la explotación», afirmó la delegación china, argumentando que ésta permitiría recabar más información para adoptar «medidas específicas» de protección medioambiental.
La ISA, creada en 1994 bajo los auspicios de la ONU y con sede en Kingston, organiza todas las actividades relacionadas con los codiciados minerales de los fondos oceánicos en jurisdicciones internacionales, protegiendo al mismo tiempo estos ecosistemas aislados y poco conocidos.
Su Consejo, que de momento sólo adjudica contratos de exploración, lleva más de diez años negociando un código minero que fije las reglas para la posible explotación de níquel, cobalto y cobre, considerados cruciales para la transición energética.
Estos debates se han acelerado en los últimos años debido a la activación de una cláusula legal que, desde 2023, permite a cualquier empresa patrocinada por un estado solicitar un contrato minero incluso en ausencia del código.
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La ISA quiere concluir dicho código este año
Aunque los recursos de los fondos marinos en aguas internacionales están clasificados como «patrimonio común de la humanidad», algunos países, especialmente los africanos, temen ser perjudicados en la distribución de los beneficios.
La industria, por su parte, critica lo que considera un «retraso» en la elaboración de las normas.
En una carta enviada al Consejo de la ISA en enero, varias empresas que afirmaban haber invertido colectivamente más de 2.000 millones de dólares en la exploración y desarrollo de tecnologías, alegaban «riesgos jurídicos y financieros».
Una de las firmantes era Nori (Nauru Ocean Resources Inc.), filial de la canadiense The Metals Company y patrocinada por Nauru, el pequeño estado insular del Pacífico, que tiene previsto presentar en junio la primera solicitud para explotar nódulos polimetálicos en este océano.
Nauru pide al Consejo que decida durante esta sesión de dos semanas las normas de examen de la futura solicitud, en ausencia de un código minero.
«Los estados miembros de la ISA deben resistir la presión inaceptable de una industria que corre el riesgo de causar daños irreparables a nuestros océanos y agravar la crisis mundial», alega Sofia Tsenikli, del grupo de ONG Deep Sea Conservation Coalition.
Las ONG tienen puestas grandes esperanzas en la nueva secretaria general de la Autoridad, la oceanógrafa brasileña Leticia Carvalho.
Carvalho, que subrayó su compromiso con la ciencia, pidió el lunes a los negociadores que hagan «avances significativos» este año y planteó la posibilidad de adoptar un calendario «actualizado».
