El proyecto, enviado a segundo trámite al Senado, incorpora la obligación de los gobernadores de rendir en cuenta pública el uso de los ingresos recibidos por concepto de la ley de Royalty Minero.
Proyecto de ley busca establecer la obligación de los Gobernadores Regionales de dar cuenta pública del uso de los recursos obtenidos en virtud de la Ley sobre Royalty a la Minería.
La iniciativa se encuentra actualmente aprobada por la Cámara de Diputadas y Diputados, y se derivó a segundo trámite al Senado.
La norma surge a partir de la vigencia, el 1 de enero de 2024, sobre Royalty a la Minería. Una de sus innovaciones fue la creación de tres fondos: el Regional para la Productividad y el Desarrollo de Comunas Mineras; de Apoyo para la Equidad Territorial y Puente, que va en apoyo directo de las regiones.
Desde ellos se espera financiar proyectos de investigación científica y tecnológica, así como de fomento al desarrollo de actividades productivas.
Cabe recordar que en el mes de noviembre se aprobó una iniciativa similar que estableció la obligación de cuenta pública a las y los alcaldes, por este mismo concepto.
Fondos de Beneficio de Royalty Minero
En sus fundamentos, el proyecto señala que es de gran relevancia que la destinación y ejecución de estos fondos sea transparente. Especialmente, añade la iniciativa, cuando la ciudadanía ha sido testigo de los problemas que surgieron tras la entrega de fondos públicos a entidades privadas de forma discrecional.
Asimismo, que la entrega de una parte de estos recursos obtenidos a partir del royalty implica una nueva responsabilidad para los Gobiernos Regionales. Por ello, urge fomentar medidas destinadas a velar por la transparencia y el buen uso de esos fondos.
En las exposiciones relevaron la importancia de esta iniciativa, cuyo fin es dar tranquilidad a la ciudadanía sobre el buen uso de los recursos públicos. A su vez, las y los diputados recalcaron que la obligación de rendir cuenta pública se debe ver como una forma de fortalecer la gestión realizada.
Del mismo modo, que no se puede relativizar la transparencia, ya que los Gobernadores gestionan una cartera presupuestaria de gran magnitud, que tiene un impacto significativo en las regiones.
