El ministro de Economía y Finanzas, Raúl Pérez Reyes, confirmó que como parte de «paquete desregulatorio» se agilizarán los procesos de inversión, abordando directamente las demoras generadas por la evaluación de impacto ambiental y la evaluación arqueológica patrimonial. La medida clave para destrabar estos proyectos será la aplicación del «silencio administrativo positivo» en casos donde los plazos de respuesta no se cumplan.
«Estamos trabajando en un grupo pequeño de medidas, alrededor de 20, que están en el marco de lo que hemos pedido para la delegación de facultades», remarcó el ministro a Gestión. La propuesta busca cambiar la filosofía hacia una «fiscalización ex post» para los proyectos, tanto nuevos como existentes, basándose en compromisos y declaraciones juradas.
Cabe recordar que esta propuesta fue es parte de la segunda fase del shock regulatorio con la que se buscará reducir trabas burocráticas innecesarias, sin comprometer la calidad ni el impacto ambiental de los proyectos. “Estamos agregando un grupo de medidas vinculadas a los permisos ambientales y culturales de muchos proyectos. No es que no se necesite, sí se necesitan; pero alguno de ellos no tienen mucho sentido”, declaró el ministro en un evento empresarial.
La aplicación del silencio administrativo positivo significaría que, si una entidad técnica no responde en el tiempo establecido para una evaluación ambiental o arqueológica, el permiso se consideraría aprobado automáticamente. Esto busca contrarrestar la ineficiencia y la demora injustificada en la administración pública.
Si bien se reconoce la complejidad de los temas arqueológicos y ambientales, con sus múltiples detalles, subnormas y subprocesos, la idea central es que el paquete desregulatorio «esté muy concentrado en estos dos grandes temas». La expectativa es que esta iniciativa, combinada con una mayor fiscalización ex post, permita desatascar un gran número de proyectos de inversión que actualmente se encuentran paralizados.
Para que esta medida sea efectiva, se contempla que las entidades involucradas también sean dotadas de los recursos necesarios. «Como contraparte hay que dotarlos de recursos también (a las entidades), pero no pueden tardarse tanto tiempo», enfatizó.
