Según una encuesta de Ipsos, el 71 % de los peruanos cree probable que la minería ilegal financie campañas políticas en las elecciones de 2026.
La minería ilegal en Puno estaría infiltrándose en el terreno político mediante el financiamiento de campañas electorales, una situación que genera alarma por su impacto en la transparencia y legitimidad de los próximos comicios, advirtió Américo Arizaca Ávalos, exdirector regional de Energía y Minas de esa región.
Arizaca señaló que no es inusual encontrar a candidatos respaldados por organizaciones políticas que incluyen entre sus filas a personas vinculadas a la minería informal. Esta conexión revela la existencia de intereses económicos que buscan incidir en decisiones públicas y ocupar espacios de poder.
El experto aclaró que este fenómeno no se limita a Puno. A nivel nacional, se reporta la participación de candidatos que reciben apoyo de actores vinculados a actividades ilegales, lo que podría comprometer seriamente la limpieza del proceso electoral.
Según una encuesta de Ipsos, el 71 % de los peruanos cree probable que la minería ilegal financie campañas políticas en las elecciones de 2026. Este dato refleja una creciente preocupación ciudadana por la influencia de economías ilícitas en la vida política del país.
Arizaca también explicó que muchos mineros ilegales prefieren mantenerse en la informalidad para evitar regulaciones, fiscalización y obligaciones tributarias. Esta resistencia dificulta los esfuerzos del Estado por ordenar el sector y combatir las redes de ilegalidad.
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Reforzar mecanismo
Además, alertó sobre la presión que estos grupos podrían ejercer para impulsar normas que perpetúen la informalidad minera, lo que representa un serio desafío para las entidades encargadas de la fiscalización y la regulación.
La advertencia del exfuncionario subraya la necesidad urgente de reforzar los mecanismos de control y transparencia electoral, con el fin de impedir que intereses ilegales condicionen la democracia y el desarrollo tanto regional como nacional.
