El uso indiscriminado de mercurio, explosivos y armas en actividades no fiscalizadas está alimentando a redes criminales.
A través de un pronunciamiento oficial, la Junta Directiva del CAL cuestionó que, tras nueve años de implementación, el Reinfo solo haya logrado que el 2.31 % de los inscritos concluyan exitosamente su proceso de formalización. A pesar de ello, el Gobierno prorrogó nuevamente el registro por seis meses más, hasta diciembre de 2025.
El gremio recordó que el Tribunal Constitucional, en el expediente N.° 00017-2023-PI/TC, ya había advertido sobre los serios riesgos del actual modelo. En su análisis, el máximo intérprete de la Constitución señaló que el Reinfo ha sido ineficaz, que no se pueden admitir exenciones penales para delitos ambientales en los procesos de formalización, y que la continuidad de esta política sin resultados concretos puede agravar impactos sociales, ambientales y fiscales.
“El uso indiscriminado de mercurio, explosivos y armas en actividades no fiscalizadas está alimentando a redes criminales que amenazan la gobernabilidad y la seguridad de zonas vulnerables”, advirtió el CAL. Como ejemplo, citaron la reciente explosión ocurrida en la sede del Ministerio Público de Trujillo el pasado 20 de enero, presuntamente vinculada al accionar de bandas organizadas relacionadas con la minería ilegal.
En ese sentido, el Colegio de Abogados instó al Poder Ejecutivo, al Congreso y a la sociedad civil a construir un marco normativo que permita la formalización real de la minería a pequeña escala, pero sin renunciar a la fiscalización ni a la responsabilidad penal.
“El sector minero, grande, mediano o pequeño, debe estar bajo estricta vigilancia, especialmente en lo que respecta al uso de sustancias peligrosas. La minería ilegal es hoy uno de los principales motores financieros de la criminalidad organizada en el país”, concluyó el comunicado.
