Cuestionó que el ministro Montero tenga «demasiada propensión a complacer las posturas» de los informales.
El ex presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Carlos Gálvez, expresó su preocupación frente a la reciente ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) hasta fin de año, medida anunciada por el Gobierno la semana pasada.
En declaraciones exclusivas a Rumbo Minero, Gálvez calificó esta decisión como “inevitable”, pero altamente cuestionable, señalando que “el REINFO es la no ley” y representa una vía paralela para la minería ilegal.
“El Gobierno está cediendo ante una posición maximalista de los mineros ilegales. Es muy difícil aprobar una ley que legalice todo lo que hoy está dentro del REINFO, por eso se opta por mantenerlo como una salida política, no legal”, afirmó el exdirectivo.
Criticó la postura del actual ministro de Energía y Minas, Jorge Montero, por reunirse con representantes de la minería informal y mostrarse, a su juicio, excesivamente condescendiente. “Percibo demasiada propensión del ministro a complacer estas posturas. Ha dicho incluso que legislar no es su responsabilidad sino del Congreso, lo cual es una posición cómoda”, declaró.
Respecto a las afirmaciones del ministro sobre la falta de una Ley de Minería Artesanal y de Pequeña Escala (MAPE), Gálvez fue enfático en rechazar la propuesta presentada por la Comisión de Energía y Minas del Congreso: “Es impresentable e inaceptable. Eso es legislar en favor de la delincuencia. Si el presidente de la Comisión sigue en esa línea, mejor que se retire del Congreso”.
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Graves consecuencias para el país
Para Gálvez, el aplazamiento de decisiones estructurales en torno a la formalización minera se debe en gran medida al contexto preelectoral. “Estamos en un año donde muchos congresistas tienen vínculos con la minería ilegal. Hay dinero sin control, dispuesto a financiar campañas de quienes luego devolverán favores políticos desde el Congreso o un futuro Senado”, advirtió.
Asimismo, el ex presidente de la SNMPE alertó sobre el grave impacto que estas medidas pueden tener en la imagen del país frente a inversionistas y organismos internacionales. En especial, cuestionó duramente la propuesta de que el Banco de la Nación compre oro a mineros informales o ilegales.
“Eso sería convertir al Estado en un reducidor de mineral robado y al Banco de la Nación en una lavandería de dinero. En esas condiciones, que se olviden de la OCDE y de la Unidad de Inteligencia Financiera”, aseveró.
Finalmente, Gálvez reiteró que no se trata solo de falta de experiencia del Estado en estas operaciones, sino de una falta de legalidad: “No se puede instalar una ventanilla como en Tacora para comprar mineral robado. Con ese dinero después se financiarán campañas, y por supuesto, no se tributará nada”.
