El exministro cuestionó la falta de fiscalización en el traslado y procesamiento del mineral extraído ilegalmente.
El exministro de Energía y Minas, Carlos Herrera Descalzi, advirtió que la minería ilegal en el país ha escalado a niveles de criminalidad organizada y representa hoy un abierto desafío al Estado peruano y consideró que un cambio de gabinete puede ser una señal para mostrar el real compromiso del gobierno.
En declaraciones exclusivas a Rumbo Minero, Herrera Descalzi advirtió que la reciente matanza en Pataz representa un mensaje contundente de las mafias vinculadas a la minería ilegal al Estado diciéndole: “No tienes el control del país. Este territorio nos pertenece”.
El exministro también consideró que se requiere una respuesta política contundente. “Sería positivo un cambio de gabinete. No como reacción simbólica, sino como señal de compromiso real. Se necesita un primer ministro con liderazgo y un gabinete con conocimiento técnico y voluntad de actuar”, afirmó.
REINFO
En esa línea, consideró que esta amenaza se ve respaldada por instrumentos como el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) han sido utilizados como “salvoconductos” por actores ilegales para operar con impunidad. “El Reinfo fue creado para la minería informal, pero ha sido aprovechado por la minería ilegal. Se ha convertido en una excusa para no intervenir”, alertó.
Cabe recordar que desde su vigencia, en 2016, solo 2, 032 mineros inscritos se formalizado del total de 87,111. A ello se suma, el bajo presupuesto destinado para la formalización. Según datos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) el monto asignado es de S/17,848,495 con una ejecución de 14.1 % hasta mayo.
Sobre la posibilidad de combatir la minería ilegal con las leyes actuales, fue tajante: “Lo esencial se puede hacer sin Reinfo y sin la ley MAPE. Es un problema flagrante. Lo que falta es decisión política”.
FISCALIZACIÓN
Herrera Descalzi hizo referencia a un reciente informe que estima en 7.400 millones de dólares el valor del oro que sale del Perú por canales ilegales, una cifra que supera a la producción formal. “Eso da una idea del poder económico que tienen estos grupos, suficiente para corromper y comprar voluntades dentro del Estado”, enfatizó.
El exministro cuestionó la falta de fiscalización en el traslado y procesamiento del mineral extraído ilegalmente. “El oro no sale listo para exportación. Necesita ser tratado. No hay miles de plantas, hay decenas, y el material robado circula por carreteras sin control”, explicó.
