El impacto económico de la conflictividad social en el Perú podría ser más grave que la eventual aplicación de aranceles al cobre peruano por parte de Estados Unidos, advirtió Felipe Valencia-Dongo, socio principal del Grupo Estrategia y alertó que las paralizaciones por conflictos sociales prolongados generan pérdidas significativas y atentan contra la competitividad del país.
“El costo de los conflictos sociales o de la falta de aceptación social es mucho más alto que el costo de un arancel”, sostuvo el especialista, quien subrayó que Perú es un “shock taker”, es decir, un país que recibe los impactos de la coyuntura global sin capacidad para influir en ellos. En ese contexto, recalcó que la prioridad debe ser fortalecer las condiciones internas que mantengan atractiva a la minería peruana frente a un entorno internacional incierto.
Valencia-Dongo también alertó sobre un posible aumento del discurso antiminero en el marco del proceso electoral de 2026. “Habrá regiones como Cajamarca o Arequipa con hasta 180 candidatos al Congreso. Muchos buscarán posicionamiento atacando al gran capital, especialmente al sector minero. Es una estrategia política rentable”, explicó.
Frente a este panorama, el experto instó a fortalecer el vínculo con la “mayoría silenciosa”, es decir, con aquellos ciudadanos que respaldan la actividad minera pero no lo expresan públicamente. “La incertidumbre global va a crecer, pero nosotros tenemos que ser cada vez más resilientes y atractivos a la inversión”, concluyó durante su participación en el evento Jueves Minero del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP).
