La mañana del martes 20 de mayo, una esperada mesa de diálogo en Chalhuahuacho terminó abruptamente cuando los representantes de la comunidad de Fuerabamba, Apurímac, se retiraron tras rechazar la propuesta de levantar el bloqueo en el Corredor Minero Sur. Aunque la mayoría de asistentes, entre ellos autoridades locales y representantes civiles, mostraron disposición para liberar las vías y convocar a la minera Las Bambas a una mesa técnica sobre el litigio de tierras, los comuneros decidieron abandonar la reunión sin firmar ningún compromiso.
El distanciamiento ocurre en medio de un ambiente cada vez más tenso. El pasado sábado 17 de mayo, un ataque a las instalaciones de Las Bambas dejó 38 agentes de seguridad con contusiones y resultó en la quema de dos garitas del campamento. La empresa no participó en el diálogo del martes, dado que su operación permanece bloqueada desde hace más de 20 días. Ese mismo fin de semana, alrededor de 60 comuneros liderados por Edison Vargas Huamanga bloquearon el sector Yavi Yavi, cortando el tránsito por la carretera nacional.
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El domingo 19 de mayo, la situación escaló aún más cuando un camión cisterna de una contratista de Las Bambas fue interceptado e incendiado en la zona de Molinopampa. El hecho generó preocupación por el incremento de violencia en el Corredor Minero Sur.
El conflicto gira en torno a un predio de 40 hectáreas en Tamboccasa, actualmente en posesión de la empresa minera y de la familia Cruz Portocarrero. Fuerabamba sostiene que se trata de tierras comunales ancestrales no incluidas en el acuerdo de permuta firmado en 2014, y que eran utilizadas para actividades de pastoreo y rituales andinos. Esta disputa, que no encuentra solución estatal, ha paralizado operaciones clave de cobre y pone en jaque el diálogo. La paralización afecta gravemente la economía regional. Las Bambas representa el 75 % del PBI de Apurímac y cerca del 1 % del PBI nacional.
