La región La Libertad está de luto tras el asesinato de los 13 trabajadores mineros secuestrados en el distrito de Pataz. Este crimen puso en evidencia cómo la ola de criminalidad continúa ganando terreno en zonas de actividad minera, mientras que las estrategias del Estado resultan insuficientes ante la magnitud del problema.
Ante este fatídico hecho, distintas entidades, gremios empresariales y asociaciones emitieron un comunicado exigiendo al Gobierno Central adoptar nuevas medidas para combatir el crimen organizado en la provincia, argumentando que la capacidad de respuesta de la Policía y de las autoridades locales ya fue superada.
En ese contexto, congresistas y expertos solicitaron al Poder Ejecutivo declarar el estado de sitio en Pataz, una medida excepcional contemplada en el artículo 137 de la Constitución Política del Perú, aplicable en situaciones como invasión, guerra civil o rebelión. A la par, varios grupos parlamentarios anunciaron la presentación de una moción de censura contra el presidente del Consejo de Ministros, así como mociones de interpelación dirigidas a los titulares de Defensa e Interior.
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Si bien aún no hay un pronunciamiento oficial por parte del premier Gustavo Adrianzén ni de la presidenta de la República, Dina Boluarte, ya se dieron declaraciones preliminares desde el Congreso. El parlamentario José Cueto sostuvo que “el gobierno ha debido declarar estado de sitio en Pataz hace tiempo”, y recalcó que este problema no se resuelve únicamente con fortalecer el sistema penitenciario o renunciar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sino con acciones reales que desarticulen la criminalidad en zonas mineras.
Por su parte, la legisladora Patricia Juárez expresó señaló que “lo ocurrido en Pataz es inimaginable, son actos de insania y crueldad absoluta contra indefensos trabajadores. Exigimos sanciones ejemplares y el cese de estos terribles actos en nuestro país. Estado de sitio en Pataz, que entren las Fuerzas Armadas y erradiquen mafias”.
El congresista Roberto Chiabra también calificó el atentado como un «acto terrorista», criticando duramente la inacción del gobierno. Según afirmó, “no puede haber emergencia sin control territorial real ni sin inteligencia efectiva”, responsabilizando directamente al Ejecutivo por la falta de reacción inmediata tras el secuestro ocurrido el pasado 26 de abril.
