Aunque reconoció que el segundo borrador del proyecto incluye avances, como la incorporación de una definición formal de minería, advirtió que persisten aspectos inaceptables.
La congresista de la República y vicepresidenta de la Comisión de Energía y Minas, Diana Gonzales, expresó su preocupación por los alcances del nuevo proyecto de ley sobre la minería de pequeña escala (MAPE), actualmente en discusión en el Congreso. Gonzales denunció que el texto representa una “prórroga encubierta” del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) y que carece de un enfoque técnico sólido para enfrentar la informalidad en el sector.
En declaraciones para Rumbo Minero TV, la parlamentaria criticó duramente el primer texto presentado por la comisión, al que calificó como “un maquillaje legislativo” que no establecía con claridad las categorías de minería formal, informal e ilegal. Señaló que bastaba presentar un DNI, RUC y coordenadas para ser considerado formal, lo que, en su opinión, “desnaturaliza completamente el proceso de formalización”.
Aunque reconoció que el segundo borrador del proyecto incluye avances, como la incorporación de una definición formal de minería, advirtió que persisten aspectos inaceptables. Entre ellos, destacó la duplicación del límite de producción para la minería artesanal, que pasaría de 25 a 50 toneladas diarias. “Eso ya no tiene nada de artesanal”, sostuvo, al tiempo que cuestionó el trato preferencial a la minería aluvial, la cual podría iniciar operaciones con tan solo estar inscrita en el nuevo registro.
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Asimismo, Gonzales cuestionó la acumulación en el dictamen de una iniciativa legislativa del presidente de la Comisión de Energía y Minas, señalando un posible conflicto de interés. “Cuando fui presidenta de comisión nunca dictaminé mis propios proyectos. Hay que evitar cualquier preferencia política o personal”, remarcó.
En relación con el rol del Ejecutivo, la congresista instó al Ministerio de Energía y Minas (Minem) a asumir un liderazgo técnico. Recordó que se le otorgaron facultades para liderar el proceso de formalización y lamentó que, al asumir el cargo, el actual ministro encontrara “absolutamente nada” avanzado sobre la ley MAPE. Criticó también la gestión de su antecesor, Óscar Vera, quien —afirmó— no priorizó la reforma y fue luego nombrado gerente de Petroperú.
Finalmente, Gonzales se opuso a que los gobiernos regionales retomen competencias clave en el proceso de formalización minera, afirmando que históricamente no han demostrado capacidad de gestión. “El Minem puede evaluar los expedientes desde su sede central, gracias a la digitalización. No necesitamos replicar el fracaso de las direcciones regionales”, concluyó.
