Calificó propuesta como un “Reinfo recargado”.
Durante la sesión de la comisión de Energía y Minas del Congreso, encargada de debatir el predictamen de la nueva ley para la Minería Artesanal y de Pequeña Escala (MAPE), la congresista Diana Gonzales lanzó duras críticas al texto presentado, al que calificó como un “Reinfo recargado” que institucionaliza la informalidad y allana el camino para la legalización de actividades mineras ilegales.
Gonzales cuestionó severamente las definiciones incluidas en el predictamen, señalando que se evita deliberadamente definir qué constituye la minería formal.
“No se necesita evaluación ambiental, permisos para insumos químicos ni cumplimiento de normas de seguridad. Basta con presentar DNI, RUC y coordenadas para considerarse formal. Eso no es formalización, es legalizar la ilegalidad”, afirmó.
La parlamentaria advirtió que esta distorsión legal convierte un proceso de formalización en una simple inscripción administrativa sin criterios técnicos ni fiscalización efectiva.
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Omisión de insumos químicos
Uno de los puntos más graves señalados fue la omisión del requisito de autorización para el manejo de insumos químicos y bienes fiscalizados, una condición esencial para garantizar la trazabilidad y prevenir el desvío hacia actividades ilícitas como el narcotráfico. “Ni siquiera se establece como causal de exclusión el carecer de esa autorización. Así, se borra de un plumazo la trazabilidad del insumo químico”, sentenció Gonzales.
Asimismo, la congresista expresó su preocupación del predictamen, que presume la licitud del mineral con la sola presentación de documentos como la ficha RUC o una guía de remisión. “Eso es un riesgo enorme para el lavado de activos. Legalizar el oro sin verificar su origen beneficia directamente a redes criminales asociadas a la trata de personas, explotación sexual y laboral”, declaró.
Finalmente, Gonzales lamentó que, tras más de seis meses de trabajo técnico, se haya producido un texto que en lugar de promover la formalización legítima, premia la ilegalidad y debilita los controles estatales. “Formalizar debe significar cumplir con estándares legales, ambientales y laborales. No legalizar a todos a cualquier costo. Por eso, voto en contra de este nefasto predictamen”, concluyó.
