La minería ilegal y otras actividades delictivas movilizan más recursos que los principales ministerios encargados de combatir la inseguridad. Expertos advierten que el control punitivo es insuficiente y urgen políticas multisectoriales.
La expansión de las economías criminales en el Perú se ha convertido en una amenaza estructural para la gobernabilidad y la seguridad ciudadana. Así lo advierte el último informe del Observatorio del Crimen y la Violencia, elaborado por CHS Alternativo y el BCP, que estima que actividades como la minería ilegal, el narcotráfico, la trata de personas y el contrabando ya movilizan entre el 4 % y el 5 % del Producto Bruto Interno (PBI).
Este peso económico se traduce en cifras preocupantes. Carlos Basombrío, exministro del Interior, sostuvo que el valor total de estas economías supera los US$ 12.000 millones, una cifra superior a la suma de los presupuestos anuales del Ministerio del Interior, Justicia, Defensa y el Poder Judicial. “Ya estamos hablando de un sistema criminal paralelo al Estado”, advirtió a Gestión.
Ricardo Valdés, gerente general de CHS Alternativo, precisó que solo la minería ilegal, principalmente de oro, mueve alrededor de US$ 8.000 millones. Este fenómeno, explicó, no solo está vinculado al alza en la cotización del oro (que ha superado los US$ 2.400 la onza), sino también a una cadena delictiva compleja que incluye tráfico de tierras, insumos químicos, tala ilegal y trata de personas.
El reciente anuncio del Ministerio de Energía y Minas (Minem) sobre la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta diciembre ha generado alarma entre los especialistas. Valdés considera que la medida podría ser aprovechada políticamente en un año preelectoral, lo que pondría en pausa cualquier intento de solución estructural. “La minería ilegal va a seguir creciendo y alimentando otras economías criminales si no se actúa con firmeza y de manera técnica”, remarcó.
A nivel normativo, la depuración del Reinfo es vista como una posible vía para frenar el avance. Actualmente, de los más de 86.000 inscritos, 65.000 tienen alguna suspensión y se proyecta que más de 40.000 serían excluidos si se aplica un filtro riguroso, tal como lo adelantó el premier Eduardo Arana. Sin embargo, mientras el control se limite a acciones policiales aisladas, los expertos coinciden en que la lucha contra la minería ilegal seguirá siendo insuficiente frente a un fenómeno con creciente poder económico y territorial.
