La reciente encuesta nacional de Ipsos, publicada por Perú21, reveló una fuerte percepción de amenaza por parte de la ciudadanía: el 81% de los peruanos considera que la minería ilegal representa un peligro directo para la seguridad del país. Este dato toma especial relevancia tras los hechos violentos ocurridos en Pataz, región La Libertad, donde el Gobierno ha declarado el estado de emergencia por 60 días, decretando toque de queda y la suspensión de todas las actividades mineras en los distritos de Pataz, Parcoy y Tayabamba por 30 días.
Minería: oposición al cese total de operaciones
La encuesta también refleja un sentir generalizado de frustración con las instituciones: el 47% responsabiliza al Gobierno central por la crisis en Pataz, seguido de los mineros ilegales (31%), el Congreso (30%) y bandas criminales (29%). La Policía Nacional (28%) y el gobierno regional de La Libertad (22%) tampoco escapan al escrutinio ciudadano.
Sin embargo, pese a la gravedad del escenario, un 43% de encuestados sostiene que la minería debe continuar con mayores medidas de seguridad, y un 28% sugiere suspender solo a los informales, dejando operar a las mineras formales. Solo un 26% respalda una paralización total.
Según el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), la interrupción de actividades de minería en la zona podría significar una pérdida de aproximadamente 60,000 onzas de oro en solo un mes, equivalentes a cerca de US$ 200 millones a precios actuales. Esta cifra evidencia el alto costo económico de estas decisiones.
REINFO y ejecución presupuestal para combatir la minería ilegal
En ese contexto, el 81% de los peruanos apoya el reemplazo del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), al que acusan de facilitar la expansión de la minería ilegal. También hay respaldo masivo (81%) a la instalación de una base militar en Pataz y un 79% aprueba la creación de un grupo especial de inteligencia e interdicción con facultad para detener a implicados en minería ilegal y delitos conexos.
Pese a la gravedad del problema, el Ejecutivo ha ejecutado solo el 37% del presupuesto de más de S/ 74.6 millones asignado en 2025 para combatir la minería ilegal, según cifras oficiales a las que accedió Rumbo Minero. De ese total, S/ 70.5 millones estaban destinados a operaciones de interdicción y poco más de S/ 2.5 millones al soporte logístico.
