Mencionó que el presidente de Confemin, Máximo Franco Bekcer, admitió que el 97% de los reinfos están en concesiones de terceros. «Es decir, que están invadiendo derechos reales de terceros».
El director de Asuntos Corporativos de Minsur, Gonzalo Quijandría, criticó la dirección que pudo tomar el proyecto de ley para la minería artesanal y de pequeña escala (MAPE) cuando un sector del Congreso intentó aprobar el predictamen creando una figura similar al Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).
«Ese proyecto lo que quería era cambiarle el nombre al Reinfo y perpetuarlo. Estaba desconfigurando todo», sostuvo. En esa línea, remarcó que “la ley MAPE no va a generar un nuevo Reinfo, no debería hacerlo»
Durante su análisis sobre la problemática de la informalidad e ilegalidad en el sector minero, el ejecutivo remarcó que el principal afectado por este escenario es el pequeño minero formal, cuya situación ha sido invisibilizada en el actual proceso de diálogo.
Así, explicó que el presidente de Confemin, Máximo Franco Bekcer, «admitió que el 97% de los reinfos están en concesiones de terceros. Es decir, que están invadiendo derechos reales de terceros». «Además, de esa cifra, el 70% son pequeños mineros, que no están representados en la mesa de diálogo ni en la SNMPE”, advirtió Quijandría.
En ese sentido, subrayó la necesidad de incluir a estos actores en el proceso: “Tenemos que traer a la mesa a esos pequeños mineros que han sido invadidos por mineros ilegales. Traer a las comunidades que son dueñas de los terrenos superficiales que también han sido invadidos por los ilegales».
Asimismo, recalcó que la discusión debe enfocarse en distinguir entre quienes buscan formalizarse y quienes se aprovechan del alza de precios para operar fuera del marco legal: “La discusión pasa por separar a quien quiere trabajar de manera formal o quien está aprovechando un ciclo de precios altos, que deja su pasivo minero e invade una propiedad para sacar plata. A ese hay que separarlo».
MESA DE TRABAJO
Sobre la mesa de trabajo que implementó el Ejecutivo con los gremios y mineros informales, Quijandría propuso iniciar un trabajo focalizado con los 30 mil mineros en Reinfo, revisando su situación legal: “Si dentro de ellos todos están en concesiones, pero si están en concesiones de terceros sin contrato, donde este le habilite trabajar, estamos hablando de algo ilegal. No es solo informalidad. La informalidad sobre una actividad fiscalizada como la minería es ilegalidad.”
Quijandría también se refirió a los desafíos del actual régimen normativo, que exige hasta “400 permisos para llegar a un proyecto.” Consideró urgente simplificarlo para permitir explotaciones más rápidas, particularmente en terrenos pequeños donde los estudios de impacto ambiental pueden ser más acotados.
Finalmente, recordó que “hay 85% de áreas para concesionar y que en el 14% donde hay concesión hay inversión, prospección y demás”. Lamentó que muchos proyectos fueron abandonados por posturas ideológicas contrarias a la minería, lo cual ha dado paso a la ocupación informal e ilegal de esas zonas.
