El vicepresidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), Ing. Roberto Maldonado manifestó que “las regiones mineras tienen mayores oportunidades de afrontar la pobreza, habiendo desafíos pendientes en cuanto a infraestructura pública y logística exportadora, sectores que generarían más puestos de trabajo y desarrollo en estos ámbitos territoriales”.
Esto lo dijo durante su participación en la feria minera ANCASHMIN 2020, organizada por la Dirección Regional de Energía, Minas e Hidrocarburos (DREMH) del Gobierno Regional de Áncash.
“La pandemia ha traído consigo el mejor uso de las tecnologías, y la aplicación de los protocolos han mejorado, sobre todo en los campamentos, puntos que permiten un mayor control sanitario”. El Ing. Maldonado espera que los proyectos mineros pendientes a nivel nacional, 48, por un monto aproximado de 58 mil millones de dólares, se lleven a cabo, como parte de la recuperación y crecimiento económico para los próximos años.
Vale recalcar que en el segundo día de la feria se presentaron expositores de las diferentes instituciones reguladoras y ligadas al sector minero, así como el gerente de Energía y Minas del Gobierno regional de Arequipa, que tiene una importante participación a nivel nacional en cuanto a la gran, mediana y pequeña minería.
El Ing. Carlomagno Bazán, representante de la compañía minera Barrick expuso sobre el “Plan de Cierre, buenas prácticas y consideraciones técnicas” por lo que consideró que este debe ser “ de acuerdo a las normas vigentes, asumiendo el minero su responsabilidad del mismo en las diferentes etapas consideradas en el instrumento de gestión y protección ambiental, sobre todo de la calidad del recurso hídrico, manteniendo la biodiversidad de la zona donde se desarrollan las operaciones y el cumplimiento de los factores geotécnicos, manteniendo la estabilidad física de los terrenos”.
Mientras el Ing. Juan Muñiz, gerente de Energía y Minas del Gobierno regional de Arequipa, destacó la importancia de la minería en el país. El gerente de la región sureña subrayó el nuevo escenario al que nos enfrentamos, por el COVID-19, nos crea nuevos retos y asumimos la reactivación económica a partir de la minería, principalmente de la que opera a pequeña escala, la misma que debe migrar a la explotación de minerales no metálicos, esto con el apoyo en capacitaciones de parte del Estado, además de los créditos que se deben otorgar para el uso de tecnología limpia de parte de los PPM y PMA”.
El Ing. Muñiz también hizo de conocimiento el desarrollo de un proyecto para la producción de agua en el desierto arequipeño a partir de la humedad relativa, recurso que podría servir, también, para las actividades de los pequeños mineros.
“El IGAFOM preventivo es lo que la ANA evalúa”, esto con mayor fuerza desde el 2017, con la declaración de interés nacional de los procesos de formalización de la pequeña minería y minería artesanal, incrementando los mismos con la simplificación de los procedimientos. La Autoridad Nacional del Agua es incorporada en la aprobación de los instrumentos de gestión ambiental, con lo cual el ANA participa con una opinión técnica, fue parte de la ponencia de la Ing. Lili Zea Luna, representante de dicha entidad reguladora. “Los proyectos mineros necesitan de una supervisión en sus diferentes etapas para que no afecten los cuerpos de agua”, concluye en parte Zea Luna.
El Ing. Álex Uriarte, de la Dirección de Supervisión Ambiental en Energía y Minas del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) señaló que “el Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental es el que asegura el cumplimiento de la legislación ambiental, en este caso de los administrados; la OEFA se encarga de dirigir y supervisar la aplicación del régimen de fiscalización y control ambiental, ejerciendo su potestad sancionadora en el ámbito de sus competencias, identificando de dónde parte la problemática ambiental, verificando el cumplimiento de las obligaciones fiscalizables”. A continuación, expresó que “se reciben las denuncias, se corroboran las mismas, se notifica al administrado y se recomienda un proceso de incentivos o sanciones para evitar un inminente peligro o riesgo de algún grave daño al ambiente, los recursos naturales y la salud”.
