La conflictividad social y la minería ilegal siguen obstaculizando proyectos clave.
La nueva cartera de proyectos mineros alcanza los US$ 64,000 millones, 17% más que en 2024 y el monto más alto desde 2014, pero el tamaño promedio de los proyectos continúa disminuyendo.
De acuerdo con el Instituto Peruano de Economía (IPE), entre 2014 y 2025, el valor promedio por proyecto ha caído 24%, situándose en apenas US$ 956 millones. Aunque se han incorporado 19 nuevos proyectos en la cartera de 2025, solo uno corresponde al desarrollo de una mina nueva. El resto son ampliaciones o reposiciones en unidades ya operativas.
Uno de los mayores desafíos sigue siendo la incertidumbre respecto a la ejecución. El 69% de la inversión total está asociada a proyectos que aún no tienen fecha definida de inicio de construcción. Esta situación compromete el aprovechamiento del potencial minero del país: si se ejecutara toda la cartera, se podría más que duplicar la producción de cobre. Sin embargo, la mitad de ese potencial no tiene cronograma de implementación. En el caso del oro, la producción aumentaría apenas 4% con los proyectos que sí tienen fecha, aunque podría crecer hasta 55% si se activaran los demás.
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A nivel regional, Cajamarca, Arequipa y Apurímac concentran el 60% de la inversión total. No obstante, la mayoría de los proyectos en estas regiones también carece de cronograma. En Cajamarca, el 96% de las inversiones no tiene fecha de inicio, al igual que el 77% en Apurímac.
El informe del IPE subraya que los principales cuellos de botella continúan siendo los extensos plazos para obtener permisos ambientales y completar procesos de consulta previa, que pueden demorar hasta 7 años, más del doble del tiempo establecido por ley.
Además, la conflictividad social y la minería ilegal siguen obstaculizando proyectos clave. En Cajamarca, el proyecto Conga —que representa casi un tercio de la inversión regional— permanece paralizado pese a su potencial para duplicar la producción de oro. En Arequipa, Tía María acumula más de 15 años de retraso. En Apurímac, la minería ilegal ha afectado gravemente a proyectos como Los Chancas y Haquira, con demoras de más de 13 años.
