Javier Ochoa Núñez, presidente de la comunidad de Huancahuire, también es investigado por la fiscalía especializada contra el crimen organizado.
El último 15 de agosto, de manera paralela en Cusco y Abancay, la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada y la Policía Nacional del Perú realizaron un megaoperativo contra la organización criminal “Los Chavelos”, integrada por los hermanos Jorge Martín y Frank Aníbal Chávez Sotelo y funcionarios del poder Judicial de Abancay.
La acusación principal es beneficiar ilícitamente a la comunidad campesina de Huancuire en procesos legales contra el Estado y la minera Las Bambas.
Audios y mensajes
De acuerdo con Sudaca, la fiscalía ya cuenta con audios y mensajes que probarían los delitos de “Los Chavelos” con el fin de ganar demandas contra Las Bambas.
Así, la fiscalía tuvo acceso a escuchas legales, conversaciones de WhatsApp y mensajes de texto que revelaban cómo los hermanos Chávez habían reclutado a personal administrativo de la Corte Superior de Apurímac.
Una de esas pruebas de los delitos de extorsión por “Los Chavelos” fue cuando Frank Chávez Sotelo, abogado de nueve comunidades campesinas ubicadas en la zona de influencia de Las Bambas, envió un mensaje a ‘Luis PJ’.
En la conversación preguntó “Cómo va el tema – Se encuentra en conversación, pero está que se hace el duro”, le responden.
Chávez -según Sudaca- insistió con una oferta: “Hijo, ofrécele 100 grandes. Dejo en prenda mi camioneta”. Luego, su contacto respondió: “Ok, cumpa, hablaré ese tema y capaz viajamos el sábado y cerramos eso”.
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Tras ello, la Fiscalía Especializada contra el Crimen Organizado ha identificado a ‘Luis PJ’ como Luis Alberto Rojas Vargas, quien en 2019 se habría desempeñado como asistente del juzgado mixto de Cotabambas, en Apurímac, una instancia que ha visto y sigue viendo varias de las demandas y contrademandas entre las comunidades campesinas y MMG Las Bambas.
El portal también publicó que el 10 de enero de 2019, ante la falta de respuesta de Luis Rojas, Frank Chávez subió la oferta inicial de los ‘100 grandes’.
“Luis, por favor, hijo, tenme buenas noticias, te lo voy a pedir por favor. Si tienes que ofrecerle más dinerito al juez, hazlo hermano. Mi tope es 140 grandes, pero, por favor, es todo lo que puedo conseguir. Que lo haga el tío Avelino, está en sus manos”, escribió.
La Fiscalía también ha logrado identificar en el juzgado mixto de Cotabambas un “Abelino”, con b, y sería el juez Andrés Abelino Flores Aguilar.
Si bien el caso por el cual los hermanos Chávez buscaron su ayuda es aún materia de investigación; en tanto, la hipótesis fiscal apunta a que los abogados instruían a los comuneros para que realicen millonarias demandas contra MMG Las Bambas por conceptos de indemnizaciones, servidumbre de paso, entre otros.
Así, si lograban que la empresa desembolse la plata, el 30% o 40% iría al bolsillo de los abogados.
Cuando la compañía se negaba, los Chávez Sotelo promovían protestas y bloqueos de carretera.
Por eso, desde el 2016, la Policía y el Ministerio Público los venían investigando por extorsión. Además –y esto se conoce recién ahora– habían armado una red de funcionarios para ganar los casos que llegaban a judicializar.
“Con ellos coordinan la expedición de resoluciones favorables en los procesos seguidos contra la minera y así ejercer un mecanismo de presión para que esta acceda al pago de beneficios económicos, lo que constituye en definitiva actos extorsivos”, se lee en la resolución judicial que ordenó el allanamiento de sus viviendas la madrugada del lunes de la semana pasada.
Presidente de comunidad Huancahuire
La fiscalía especializada contra el crimen organizado también viene investigando a Javier Ochoa Núñez, presidente de la comunidad de Huancahuire.
Así, se ha hallado que Javier Ochoa transfirió a Frank Chávez una suma de S/260,000.
Conforme a la documentación judicial (revisada por Sudaca), la hipótesis es que esa plata era el pago para los operadores de justicia.
Por parte de Huancahuire, los comuneres rechazan la ampliación de las operaciones de Las Bambas y acusan a la empresa.
No obstante, Sudaca subrayó que desde el 2013 Huancahuire ha recibido más de S/170 millones justamente por la cesión de sus tierras.
