El predictamen de la ley MAPE reúne características antitécnicas, anticonstitucional y que atenta contra el régimen de concesiones.
Al caballazo. El presidente de la Comisión de Energía y Minas, Paul Gutiérrez, modificó la agenda programada de la sesión del grupo de trabajo para el martes 8 de julio para debatir y votar el predictamen de los proyectos de ley que regula el régimen para la pequeña minería y minería artesanal.
La decisión de Gutierrez se dio tras la decisión del Ministerio de Energía y Minas de excluir a más de 50 mil registros del Reinfo, con lo que se pone fin al proceso. En ese contexto, el parlamentario de izquierda acudió a los mineros informales que se mantienen protestando en el frontis del Congreso, exigiendo un Reinfo indefinido, para darles a conocer que la ley MAPE es para ellos.
“Esta ley es para ustedes, esta ley no es para la gran minería, ellos ya tienen su ley. Lo que falta es una ley para ustedes y, por lo tanto, ustedes tienen que estar plenamente de acuerdo con cada uno de los artículos de esta ley. Por eso, hemos llamado a sus representantes y hemos trabajado junto con ustedes compañeros”,dijo.
Cabe mencionar que, inicialmente, como parte del proceso de analisis del predictamente, la sesión unicamente iba a recibir a los ministros de Energía y Minas, Economía, del Ambiente y de Cultura para que se pronuncien sobre el predictamen de los proyectos de ley que regula el régimen para la pequeña minería y minería artesanal.
Julia Torreblanca, de la Sociedad Nacional de Minería, Energía e Hidrocarburos, recordó que en una sesión anterior, los congresistas que pertenecen a dicha comisión habían aprobado una cuestión previa para que el tema se aborde en la siguiente legislatura, que iniciará el 27 de julio, con nuevos miembros. En esa línea, señaló que el predictamen de la ley MAPE reúne características antitécnicas, anticonstitucional y que atenta contra el régimen de concesiones.
En medio de esta situación, cientos de mineros informales se mantienen bloqueando diversas carreteras con la finalidad de presionar al Ejecutivo para retroceder sobre la exclusión de mineros informales. “El gobierno tiene que poner límites a estas protestas. Saludos el derecho a la protesta, pero sin afectar los derechos de los demás”, remarcó Torreblanca.
