¡Alerta! El predictamen actual sería un «Reinfo recargado». Especialistas lo advierten.
La Comisión de Energía y Minas del Congreso debatirá el predictamen de la nueva Ley de Minería Artesanal y de Pequeña Escala (MAPE), en medio de duras críticas de gremios del sector, expertos y congresistas que advierten que el nuevo texto, lejos de fomentar la formalización, podría profundizar la informalidad y debilitar los mecanismos de fiscalización estatal.
El especialista en minería, Iván Arenas, alertó sobre disposiciones preocupantes como la figura de “minería ancestral”, sin sustento legal ni técnico; la servidumbre minera, que permitiría invadir concesiones legalmente otorgadas; y la despenalización de los daños ambientales cometidos por mineros informales, lo que impediría sanciones civiles o penales. Asimismo, cuestionó la omisión del derecho a la consulta previa a pueblos indígenas, vulnerando derechos fundamentales. A su juicio, el predictamen responde a presiones de sectores informales y no debería ser discutido en la actual legislatura, sino en un nuevo periodo con condiciones más transparentes.
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Julia Torreblanca, presidenta de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), coincidió en que el debate debe trasladarse a la siguiente legislatura, señalando que la comisión actual carece de independencia y ha impulsado una norma que favorece abiertamente a la informalidad. Torreblanca criticó la propuesta por su falta de rigurosidad técnica, especialmente en el diseño tributario, que establece beneficios fiscales desproporcionados sin sustento técnico ni opinión del MEF ni de la Sunat, beneficiando a quienes no cumplen normas ambientales ni de seguridad.
Además, advirtió que el reemplazo del Reinfo por un nuevo registro, el Renapma, flexibiliza los requisitos de inscripción al punto de permitir operaciones en zonas prohibidas hasta que exista sentencia judicial, poniendo en riesgo el patrimonio nacional y la propiedad privada. También cuestionó la reducción del plazo de concesiones de 30 a 10 años y la inclusión de mecanismos que debilitan la supervisión ambiental y jurídica.
Cabe recordar que la congresista Diana Gonzales, vicepresidenta de la comisión en la anterior legislatura, calificó el predictamen como un “Reinfo recargado” que institucionaliza la ilegalidad minera al eliminar evaluaciones ambientales, permisos de insumos químicos y requisitos de seguridad, facilitando el lavado de activos y debilitando la trazabilidad del oro extraído. Gonzales fue enfática al afirmar que esta propuesta “no es formalización, sino legalizar la ilegalidad”, y reiteró que el país necesita una reforma estructural, no normas improvisadas ni complacientes.
Tanto la SNMPE como sectores del Congreso coinciden en que la verdadera formalización debe basarse en criterios legales, técnicos, ambientales y laborales, y no en medidas que erosionen la gobernanza del sector. “Formalizar no puede ser legalizar a todos a cualquier costo”, concluyó Gonzales al votar en contra del predictamen.
