La presidenta del Comité Minero de la SNMPE, Magaly Bardales, indicó que las empresas tienen disposición a dialogar con las comunidades y encontrar soluciones a sus reclamos justos.
Para Magaly Bardales, presidenta del Comité Minero de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) la conflictividad social ha aumentado en los últimos años.
Así, mencionó que en el segundo semestre de 2021 se incendió un campamento minero.
“No hubo sanción a esa actuación delictiva y como ese caso, han ocurrido en varias regiones y contra diferentes empresas del sector”, declaró.
En Rumbo Minero TV, la representante del gremio minero también enumeró los impactos de la conflictividad social contra Las Bambas, ubicado en Apurímac.
“Si sumamos las suspensiones de las operaciones en los últimos 5 años superamos los 400 días de paralización de la producción por conflictividad social”, indicó.
También comentó que en el caso de la mina Cuajone, de Southern Perú, ya van 15 días sin operación minera e incluso se ha afectado el derecho al agua de más de 5,000 personas.
“Lamentablemente lo que vemos es que hay una falta de actuación del Estado y de las autoridades competentes dentro del marco de sus funciones”, afirmó.
Sobre el impacto de la producción minera, Magaly Bardales resaltó que hay comprometida un 20% de la producción nacional de cobre.
“Cuajone representa el 7% de la producción de cobre y Las Bambas, el 13%; con lo cual estamos comprometiendo cerca del 20% de la producción de cobre a nivel nacional”, determinó.
Respeto al Estado de Derecho
La presidenta del Comité Minero de la SNMPE enfatizó que las empresas tienen disposición al diálogo y a encontrar soluciones a reclamos justos.
En esa línea, recalcó que el diálogo debe realizarse bajo el estricto respeto al Estado de Derecho.
“No es posible comenzar a dialogar o llegar a entendimientos si estamos frente a situaciones de coacción. Frente a esos casos la participación del Estado y de las autoridades competentes es fundamental”, expuso.
Acciones legales
En otro momento, Magaly Bardales cuestionó la ley de tercerización dado por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE).
Así, sostuvo que esa norma se suma a una serie de medidas negativas tomadas por el actual gobierno.
En ese sentido, recordó el cierre ilegal de cuatro minas por parte de la expremier Mirtha Vásquez.
Así como el intento del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para modificar el esquema tributario en el sector minero.
“Todos estos aspectos en realidad atentan contra la seguridad jurídica de las inversiones”, opinó.
Asimismo, señaló que una consecuencia básica es retraer el desarrollo de las inversiones mineras que tiene el Perú en un corto como en un largo plazo.
De igual manera, mencionó que en el caso específico del sector minero, la Ley General de Minería se establece como derecho del titular minero la contratación de empresas especializadas que se encuentra en el Registro Especializado del Ministerio de Energía y Minas.
“Aquí lo que corresponde no solo insistir con el gobierno sobre las consecuencias negativas de esta norma que lo único que logrará será reducir el empleo formal y aumentar la informalidad”, puntualizó.
“Sino también tomar las acciones legales que corresponde porque si tenemos un gobierno que emite este tipo de normas vamos a tener que actuar en consecuencia con la defensa legal que correspondiente”, agregó.
