MINERÍA. La entrada en vigencia de los Decretos Legislativos (DL) 1010, 1054 y 1320 el 1 de enero del 2019 reconfigurará las concesiones mineras.Obligará a que todas las empresas acrediten al Ministerio de Energía y Minas (MEM) un monto más alto de producción mínima en sus concesiones o deberán pagar una penalidad tres veces más alta que la actual. Las primeras en pagar la mayor penalidad serán las que poseen concesiones otorgadas antes de octubre del 2008. El impacto sería limitado en las más grandes, pero provocaría renuncias o transferencias en las junior.
Hasta el 2008 el régimen general establecía una producción mínimapor año y por hectárea de US$100 para la minería metálica y de US$50 para la minería no metálica. Ahora será de 1 UIT (S/4,150 al 2018) en el caso de la metálica y de 10% de 1 UIT para la no metálica (S/415). Si el titular de la concesión no cumplía con la producción debía pagar una penalidad fija; ahora la penalidad será variable y se calculará en función de la producción mínima. Para el 2019, la penalidad representará el 2% de la producción mínima, pero aumentará progresivamente si el incumplimiento se mantiene y, finalmente, derivará en la caducidad de la concesión.
El objetivo del Estado al solicitar una producción mínima es evitar que haya un acaparamiento de concesiones y que las que no producen comiencen a hacerlo, según Francisco Tong, socio del estudio Rodrigo, Elías y Medrano. A juicio del experto, para la gran y mediana minería la penalidad anterior podría haber sido fácil de pagar. “Entonces no desincentivaba la liberación de áreas que no fueran de interés, sino que de alguna manera fomentaba el acaparamiento de concesiones y la especulación”, añade.
Por eso, mediante los Decretos Legislativos 1010 y 1054 del 2008, el Estado aumentó los montos de producción mínima y también las penalidades. A las mineras que recibieron sus concesiones antes del 10 de octubre de 2008 se les dio plazo hasta el 1 de enero del 2019 para cumplir con la producción. Entre enero y junio del próximo año deberán acreditar la producción mínima del 2018.
“El monto que el Estado espera que el administrado produzca ha aumentado dramáticamente. El problema es que la penalidad ya no es una cantidad fija, sino un porcentaje de la producción mínima. Es una especie de obligación adicional en caso no logren invertir o producir lo esperado en un tiempo determinado”, explica a SEMANAeconómica Ángel Chávez, socio del estudio Payet.
