Esta actividad viene generando deforestación, contaminación de ríos y una seria amenaza para la seguridad de las comunidades en Puerto Inca.
Tras una reunión sostenida entre funcionarios de la Municipalidad Provincial de Puerto Inca (Huánuco) y la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), el gobernador regional de Huánuco, Antonio Pulgar, exigió que Puerto Inca sea declarado en estado de emergencia ambiental, debido a los graves impactos de la minería ilegal sobre los ecosistemas amazónicos.
¿Cómo ha afectado la minería ilegal a Puerto Inca?
Pulgar advirtió que esta actividad está generando deforestación, contaminación de ríos y una seria amenaza para la seguridad de las comunidades. A su pedido se sumaron las autoridades municipales de Puerto Inca y Leoncio Prado, así como el alcalde distrital de Yuyapichis, quienes coincidieron en la necesidad de una interdicción inmediata.
Los líderes comunales también expusieron las afectaciones que sufren sus territorios. El representante de Feconapia y otros dirigentes alertaron que la minería mecanizada viene deteriorando la calidad del agua y destruyendo áreas de bosque, situación que pone en riesgo la salud y la economía de las familias locales. Entre las principales demandas figuran la instalación de casetas de control en puntos estratégicos, el uso de imágenes satelitales para el monitoreo y una mayor presencia del Estado en zonas críticas.
Por su parte, el alcalde de Leoncio Prado, Marx Fuentes Reynoso, criticó las autorizaciones otorgadas por el Gobierno Central para exploraciones mineras en áreas de alto valor ecológico. Señaló que estas decisiones ponen en riesgo las cabeceras de agua y adelantó que se trabaja en la declaratoria de su provincia como zona turística, agrícola y ecológica, a fin de frenar el avance de la minería. “No vamos a aceptar la incursión minera en nuestro territorio”, sostuvo.
La reunión concluyó con el compromiso de que la Municipalidad de Puerto Inca, liderada por el alcalde Carlos Cruzado, enviará un documento formal a la PCM, exponiendo la problemática y las demandas recogidas. Ahora, la decisión final recae en el Ejecutivo, que deberá evaluar la declaratoria de emergencia ambiental y coordinar acciones inmediatas para enfrentar una de las amenazas más graves que aquejan a la Amazonía huanuqueña.
El encuentro, organizado por la Gerencia de Recursos Naturales del Gobierno Regional de Huánuco y con la presencia del Alto Comisionado para el Combate a la Minería Ilegal, reunió a autoridades locales, regionales y representantes de comunidades nativas afectadas.
