Según la Dirección de Investigación Criminal (DIRINCRI), las menores víctimas de explotación sexual son escondidas en hoteles o casas y trasladadas solo por pedido.
La minería ilegal no da tregua en la Amazonía peruana. En los alrededores de la Reserva Nacional Tambopata, esta actividad ilícita no solo arrasa con los bosques, sino que arrastra consigo redes de trata de personas, sicariato y narcotráfico.
Así lo documenta un reciente reportaje de investigación de Mongabay Latam, que revela el alarmante avance de las economías ilegales en una de las zonas más biodiversas del país.
La Reserva Nacional de Tambopata se ubica en la provincia del Manu, en Madre de Dios, y tiene 231 000 hectáreas de bosque como zona de amortiguamiento, un espacio reservado para ser cordón de protección del área natural.
Esta franja territorial, que debería servir de escudo para la reserva, está siendo invadida por mineros ilegales y bandas de crimen organizado.
Según el análisis geoespacial citado por Mongabay, más de 2187 hectáreas de bosque han sido deforestadas en apenas un kilómetro a la redonda de la reserva por actividad minera.
Aunque los mineros aún no han ingresado al área intangible, la presión se concentra en las zonas colindantes, como el río Malinowski y la quebrada Yarinal de la cuenca de Tambopata.
La minería ilegal ejerce presión sobre los sectores que limitan con la reserva. Los guardaparques han sido amenazados, advierte Erick Zamalloa, jefe de la Reserva Nacional Tambopata, citado en el reportaje.
Crimen organizado
Pero el problema no se limita a la extracción de oro. El mismo reportaje advierte que el crimen organizado ha tomado control de la zona.
En La Pampa, epicentro de la minería ilegal, los prostíbulos clandestinos y las redes de trata se han reconfigurado para evitar intervenciones.
Ahora, según la Dirección de Investigación Criminal (DIRINCRI), las menores víctimas de explotación sexual son escondidas en hoteles o casas y trasladadas solo por pedido, lo que dificulta su rescate.
Además, el cultivo de hoja de coca se ha disparado. Datos oficiales de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA) revelan que la superficie cultivada aumentó en 319 % entre 2021 y 2023, pasando de 247 hectáreas a 1035.
Solo en la zona de amortiguamiento de Tambopata se talaron tres hectáreas de bosque para sembrar coca el año pasado.
Desde AIDESEP, denunciamos que la falta de control estatal ha convertido esta región en un corredor del crimen, donde los defensores ambientales luchan solos contra redes armadas y estructuras mafiosas.
El caso de Roberto Pacheco, joven asesinado a balazos en 2020 por vigilar su concesión forestal, sigue impune
Su padre, Demetrio Pacheco, actual vicepresidente del Comité de Gestión de la Reserva Nacional Tambopata, lo resume así: “Sólo me escucharon después de que mataron a mi hijo”.
Pese a las denuncias, las autoridades han sido incapaces de garantizar protección. La minería ilegal ha encontrado además respaldo político en el Congreso y gobiernos regionales.
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Uno de los personajes más cuestionados es Luis Otsuka, actual gobernador regional y exdirigente minero, con dos concesiones a su nombre y denuncias por peculado, malversación y colusión.
Desde AIDESEP reafirmamos que sin justicia para los defensores ambientales y sin freno a las mafias mineras, la Amazonía seguirá perdiéndose ante nuestros ojos.
Instamos al Estado peruano a tomar decisiones firmes y urgentes para proteger la vida, los territorios y la integridad de quienes sí defienden el bosque.
