Cajamarca, Arequipa, Loreto, Apurímac, Piura y Áncash presentarán informes que fortalecen la transparencia en la gestión extractiva.
El Perú reforzó su compromiso con la gobernanza extractiva a través de la iniciativa para la Transparencia en las Industrias Extractivas (EITI). Durante el 2024, seis Comisiones Regionales presentarán estudios en Cajamarca, Arequipa, Loreto, Apurímac, Piura y Áncash, con información actualizada sobre la gestión de los recursos provenientes de la minería, el gas y el petróleo. En el caso de Cajamarca, se difundirá el primer Estudio de Transparencia Regional que cubrirá el período 2015-2024.
La iniciativa, implementada con el liderazgo del Ministerio de Energía y Minas (MINEM) mediante la Oficina General de Gestión Social, busca fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas en los sectores minero e hidrocarburífero. El EITI es reconocido mundialmente como un estándar de gestión abierta que facilita información clara y accesible sobre el uso de los recursos naturales.
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Los estudios regionales, elaborados en coordinación con la Comisión Multisectorial Permanente presidida por el MINEM, presentan de manera comprensible los resultados de transferencias por canon, sobrecanon y regalías, así como el uso de estos ingresos por parte de gobiernos subnacionales y universidades públicas. También incluyen recomendaciones para mejorar la difusión y gestión de los recursos, con un enfoque de transparencia integral.
¿Qué es el EITI?
El Perú se unió en 2005 a la Iniciativa para la Transparencia en las Industrias Extractivas (EITI, por sus siglas en inglés), la cual reúne a gobiernos, empresas extractivas y sociedad civil para garantizar transparencia en los pagos realizados, su uso y sus obligaciones socioambientales. Actualmente, se han instalado EITI en cinco regiones (Apurímac, Arequipa, Loreto, Moquegua y Piura), y están en proceso Cusco y Cajamarca.
¿Qué impacto tendrá la EITI en el Perú?
Según el MINEM, el enfoque descentralizado permite acercar la rendición de cuentas a las comunidades donde se desarrollan actividades extractivas, otorgando mayor claridad sobre los beneficios y promoviendo una inversión responsable y sostenible. Con ello, el país fortalece la confianza social y consolida su posición como referente en transparencia extractiva.
