El Perú enfrenta un escenario crítico: la minería ilegal de oro amenaza con equiparar a la producción formal y las plantas de beneficio, llamadas a ser clave para la trazabilidad, operan bajo un marco normativo débil que facilita el “blanqueo” del mineral.
Según el Ministerio de Energía y Minas (Minem), en el país operan 50 plantas de beneficio para la minería artesanal y 124 para la pequeña minería, mientras que en el Registro Integral de Formalización (REINFO) figuran actualmente 2.328 plantas. Antes de la depuración de agosto de 2025, había más de 8.350 registros, entre vigentes y suspendidos.
El crecimiento de estas plantas responde, en parte, a la demanda de servicios de procesamiento en zonas dominadas por minería artesanal. Sin embargo, la falta de control sobre el origen del mineral abre la puerta a que el oro ilegal se inserte en los circuitos formales.
¿Un mecanismo de encubrimiento?
Para el Instituto Peruano de Economía (IPE), el gran problema es la ausencia de un sistema sólido de trazabilidad. Stephani Maita, economista sénior, recordó que en 2023 el IPE estimó que casi la mitad del oro ilegal sudamericano es de origen peruano y advirtió que este año la producción ilegal podría igualar a la formal.
El analista político Iván Arenas advierte que muchas plantas validan únicamente documentos del REINFO o el RUC del productor. “Eso no garantiza el origen. Puede ser oro ilegal, pero con un papel se convierte en oro legal para la planta”, explicó.
Henry Luna, exviceministro de Minas, añade que ya existen dos plantas sin minas propias entre las diez mayores productoras de oro del país, lo que demuestra cómo el vacío normativo facilita el encubrimiento de operaciones informales.
Exportaciones con oro de origen desconocido
El IPE estima que más del 40% del oro exportado por canales formales no tiene un origen conocido en los registros del Minem. Esto se traduce en más de 100 toneladas de oro ilegal exportadas cada año bajo cobertura documental.
Aunque existe el Registro Especial de Comercializadoras y Procesadoras de Oro (RECPO), su alcance es limitado: no exige detalles de la capacidad de procesamiento ni certifica el origen real del mineral.
Riesgos sociales y reputacionales
La problemática va más allá de lo económico. Arenas advierte que el auge del oro ilegal intensifica la pugna por concesiones, con conflictos sociales crecientes en regiones como Pataz, Cajamarca, Piura, Arequipa y Puno.
En el plano internacional, el mercado asiático e indio —principales destinos del oro peruano— no exige certificaciones de sostenibilidad, lo que facilita su inserción. En contraste, EE. UU. sí aplica filtros más estrictos, sobre todo en joyería.
Oportunidad para la trazabilidad
Proyectos como planetGOLD, en colaboración con Naciones Unidas, buscan financiar mecanismos de trazabilidad que alineen al Perú con estándares internacionales. La propuesta de la nueva Ley MAPE, que plantea un sistema interinstitucional en tiempo real con el MINEM, Sunat y Reniec, es otro paso en esa dirección.
“El reto es político: nadie se ha querido comprar el pleito de cerrar los vacíos del REINFO”, advierte Maita. Sin un marco robusto de trazabilidad, la minería ilegal seguirá avanzando y poniendo en jaque al sector formal.
