Según FACT, Perú concentra el 44% del comercio ilícito regional y EE.UU. es uno de los principales destinos del oro ilegal.
La minería ilegal de oro se ha convertido en una de las mayores amenazas en Latinoamérica, al superar incluso a la cocaína como fuente de ingresos para el crimen organizado en Perú y Colombia, de acuerdo con un informe de la Coalición para la Responsabilidad Financiera y la Transparencia Corporativa (FACT) de Estados Unidos. «La minería ilegal de oro es una crisis regional que socava el Estado de derecho, daña el medioambiente y alimenta el crimen organizado», afirmó Julia Yansura, directora del Programa de Delitos Ambientales y Finanzas Ilícitas de FACT.
El estudio detalla que Perú representa el 44% del comercio ilícito de oro en la región, seguido por Colombia con 25% y Bolivia con 12%. En Perú, las exportaciones de oro ilegal ascienden a unos US$ 4,800 millones anuales, impulsadas por altos precios, minería informal y redes de contrabando transnacional. Solo hacia Estados Unidos, el mercado clave, los envíos ilegales alcanzaron cerca de US$ 1,000 millones en 2023.
También puedes leer: Banco Asiático de Desarrollo financia con US$ 410 millones mina de cobre en Pakistán
En Colombia, buena parte del oro ilícito se blanquea mediante empresas fantasma y refinerías cómplices, que lo canalizan a mercados financieros e inmobiliarios estadounidenses. Entre los grupos más influyentes está el Clan del Golfo, que controla operaciones en el Darién. EE.UU. importó oro colombiano por unos US$ 1,400 millones en 2023, de los cuales se estima que el 80% provino de la minería ilegal. En los últimos tres años, solo en el aeropuerto de Miami se incautó más de una tonelada.
¿Qué medidas propone EE.UU. frente a la minería ilegal de oro?
FACT sostiene que fortalecer la supervisión y cerrar vacíos legales puede frenar este negocio de alto margen y bajo riesgo para el crimen organizado. Entre sus propuestas se incluyen aprobar la Ley de Asociación para la Minería y el Oro Legal de EE.UU., incorporar la minería ilegal de oro como delito precedente de lavado de dinero, y establecer sanciones específicas por delitos ambientales. «La minería ilegal de oro no es solo un problema ambiental, sino también de seguridad», advirtió Yansura, al señalar que EE.UU. debe actuar para detener los flujos ilícitos que financian redes criminales y regímenes autoritarios.