El Congreso informó que se debatirá el dictamen recaído en el proyecto de ley 6851 que establece medidas de control y de fiscalización en la distribución, el transporte y la comercialización de insumos químicos susceptibles de uso en la actividad minera y en la minería ilegal. Esta propuesta legislativa, impulsada por el congresista José Williams Zapata (Avanza País), modifica el Decreto Legislativo N.º 1103 y refuerza los mecanismos de control, fiscalización y trazabilidad de insumos químicos utilizados en actividades mineras ilegales, como el mercurio, cianuros y combustibles.
La iniciativa fue aprobada por mayoría en la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera el 13 de mayo de 2025. El dictamen propone una nueva estructura normativa con seis capítulos que regulan desde el registro de usuarios hasta la aplicación de sanciones, incorporando además la obligación de rotulado de envases y la fiscalización en cualquier punto del transporte, no solo en puestos de control fijos.
Más facultades para la SUNAT
El proyecto transfiere a la SUNAT la competencia para fiscalizar e incautar insumos químicos en el ámbito administrativo, eliminando funciones que anteriormente implicaban intervención penal directa, lo cual había sido observado por diversas instituciones por vulnerar la separación de poderes. La SUNAT podrá ahora realizar controles inopinados, inspeccionar rutas fiscales, exigir registros y reportes de incidentes, e imponer sanciones con garantías de debido proceso.
Además, se refuerza el control aduanero y en zonas primarias (puertos, aeropuertos, fronteras), autorizando la incautación de insumos sin permisos de ingreso o salida del país. OSINERGMIN también tendrá un rol de supervisión complementaria, especialmente en el comercio de hidrocarburos.
Reacciones mixtas
Mientras que el Ministerio del Ambiente y el Ministerio de Justicia consideran viable la propuesta, con observaciones técnicas sobre la responsabilidad ambiental y coordinación normativa, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) la declaró inviable en su forma actual por invadir competencias del Ejecutivo.
Pese a ello, la propuesta ha sido respaldada por evidencia contundente: solo en 2024, el Estado incautó bienes relacionados a la minería ilegal por más de S/ 2.200 millones en 740 operativos, según el alto comisionado Rodolfo García. Asimismo, un estudio del IEP reveló que la minería ilegal es identificada por la población como una de las principales causas de deforestación.
Impacto ambiental y derechos humanos
El proyecto de ley se alinea con tratados internacionales como el Convenio de Minamata sobre el mercurio y la Agenda 2030 de la ONU. Su objetivo es reducir la contaminación, proteger la biodiversidad, mejorar las condiciones de salud de comunidades afectadas, especialmente indígenas, y fomentar una minería formal y sostenible.
En resumen, la propuesta representa un intento integral de cerrar el grifo del abastecimiento químico que alimenta a las mafias mineras ilegales, mientras protege la salud, el medio ambiente y el desarrollo formal en el país. Su debate en el Pleno será clave para el futuro de la política ambiental y de seguridad en el Perú.
