La medida se dispuso vía memorándum el 03 de agosto. Sin embargo, dejó de tener efecto dos días después.
La Dirección Nacional de Investigación Criminal (Dirnic) de la Policía Nacional del Perú (PNP) dispuso la suspensión de operaciones policiales contra la minería ilegal, tala ilegal y otros delitos ambientales en casi todo el territorio nacional, con excepción de la provincia de Pataz (La Libertad), donde continúan las intervenciones debido a la alta conflictividad.
¿Por qué se suspendió los operativos policiales contra la minería ilegal?
Esta decisión, contenida en el Memorándum N.º 099-2025-COMOPPOL-PNP, se tomó para “replantear las operaciones policiales contra los delitos ambientales” con la finalidad de «optimizar la lucha contra estos ilícitos penales”. A ello se suma, el retiro del personal desplegado en provincias y su retorno a sus sedes de origen.
Otras medidas que se tomaron fue «disponer la adopción de las medidas de seguridad respectivas, respecto al personal, equipo, documentación» y «panificar y ejecutar con el carácter de URGENTE, operativos contra la minería ilegal y otros delitos conexos; previa actualización de la Apreciación de situación, apreciación de inteligencia, conocimientos de la problemática y priorización de objetivos, entre otras coordinaciones».
No obstante, según El Comercio, Manuel Lozada, director de Medio Ambiente de la PNP, afirmó que la medida “ya no se va a ejecutar”, pues “ha quedado sin efecto” el martes 5 de agosto.
Falta de estrategia deja zonas vulnerables
No obstante, el repliegue policial genera preocupación sobre el vacío operativo que podría aprovecharse por mafias vinculadas a la minería ilegal, especialmente en regiones como Madre de Dios, Amazonas, Puno y Cusco, donde la presencia del Estado es determinante para contener el avance de economías ilegales.
Expertos del sector consideran que esta decisión podría desarticular el trabajo interinstitucional logrado en zonas críticas y desincentivar las inversiones formales, en un momento donde el país requiere seguridad jurídica para la minería responsable.
