La reciente decisión del Gobierno de suspender todas las actividades mineras en los distritos de Pataz, Parcoy y Tayabamba, en La Libertad, por 30 días, generó un fuerte rechazo por parte de compañía Minera Poderosa.
Pablo de la Flor, gerente de Asuntos Corporativos de la empresa, calificó la medida como “inconveniente” y “contraproducente”, alertando que esta decisión abre la puerta a la expansión de la minería ilegal en la región. “La presencia física de personal y maquinaria en las galerías es un factor clave para evitar que mineros ilegales tomen el control”, advirtió el ejecutivo en declaraciones a RPP.
Esta medida, anunciada por el ministro de Energía y Minas, Jorge Montero, inicialmente se dirigía solo a la minería informal, pero fue rectificada para incluir también a operaciones formales, lo que ha incrementado la incertidumbre entre las empresas mineras. Poderosa, una de las principales productoras de oro del país, estima que dejará de exportar alrededor de US$ 80 millones mensuales, afectando directamente la recaudación fiscal y poniendo en riesgo cientos de empleos directos e indirectos en la zona.
Además del impacto económico, la minera expresó su preocupación por la falta de un marco normativo claro. Hasta el momento, la norma que oficializa la suspensión no ha sido publicada en el diario oficial El Peruano, lo que genera una mayor inseguridad jurídica. “Un día se dice una cosa, al siguiente otra. Esto es una cacofonía institucional”, agregó de la Flor, haciendo referencia a los mensajes contradictorios del Ejecutivo.
El efecto de esta decisión ya repercute en los mercados. Las acciones de Poderosa han caído en la Bolsa de Valores de Lima, y otras compañías también se han visto afectadas. Esta medida pone en riesgo la producción aurífera nacional, justo en un momento donde el precio del oro mantiene niveles históricamente altos y la minería formal continúa siendo una de las principales fuentes de ingresos para el país.
