La Mesa Técnica para la Formalización Minera elaboró una propuesta normativa remitida a dicha comisión del Congreso para su evaluación.
Eduardo Arana, presidente del Consejo de Ministros, invocó a la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República a aprobar una nueva ley que involucre a todos los actores que se dedican a esta actividad económica, incluidos los de la pequeña minería y la minería artesanal (MAPE).
Tras supervisar las acciones que despliega el Comando Unificado de Pataz (CUPAZ), Arana declaró: “Es muy importante legislar con un marco normativo que permita a la minería formalizarse. Solo así vamos a acabar con la delincuencia y vamos a permitir que todos los mineros trabajen de manera honesta, en beneficio de sus trabajadores y de sus familias”.
Asimismo, el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) recordó que el Ejecutivo promovió la organización de la Mesa Técnica para la Formalización Minera, que reunió a todos los actores involucrados y elaboró una propuesta normativa remitida a dicho grupo de trabajo del Congreso para su evaluación.
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¿Qué acciones ha tomado el gobierno para combatir la minería ilegal?
Durante la inspección junto a los ministros de Defensa, Walter Astudillo, e Interior, Carlos Malaver, y el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, David Ojeda, el premier comprobó que las interdicciones y el control de vehículos y personas han permitido avances significativos en la lucha contra el crimen organizado asociado a esta actividad ilícita.
“El propósito del Gobierno es combatir de manera férrea la minería ilegal y no vamos a cejar en ese objetivo. Este trabajo concertado que ya tiene resultados será replicado en otras zonas del país”, subrayó.
Como parte de la jornada, las autoridades del Ejecutivo sostuvieron una reunión de trabajo con los altos mandos presentes en Pataz, a fin de atender sus principales requerimientos y garantizar el éxito de las acciones de las fuerzas del orden.
De mayo al 3 de setiembre del 2025, el CUPAZ ejecutó 31 operativos exitosos en la provincia de Pataz que generaron pérdidas económicas por más de 238 millones de soles a las organizaciones criminales. Estas acciones, desarrolladas en estricto respeto de los derechos humanos, permitieron la detención de 48 presuntos delincuentes, la destrucción de 68 bocaminas ilegales y la incautación de 50 armas de fuego, así como explosivos, maquinaria y otros bienes vinculados a la minería ilegal.
