Más de S/ 70 millones corresponden a operaciones de interdicción en zonas de extracción, con una ejecución del 37.4%.
El reciente atentado en la provincia de Pataz, La Libertad, volvió a poner en evidencia el avance de la minería ilegal y su violento impacto en las zonas de extracción. En respuesta, el Gobierno Central anunció un toque de queda e instalará una base militar en la zona. Sin embargo, expertos advierten que, sin una asignación eficiente de recursos, estas acciones seguirán siendo paliativas.
Rumbo Minero accedió a información del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para analizar el uso del presupuesto público destinado a combatir esta actividad ilícita. Según datos oficiales, el Ejecutivo ha destinado más de S/ 74.617.804 en 2025, a través de la función de orden público y seguridad, para la “reducción de la minería ilegal”. Hasta la fecha, se ha ejecutado alrededor del 37% de ese monto.
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Del total asignado, S/70,538,292 corresponden a operaciones de interdicción en zonas de extracción, con una ejecución del 37.4%. En tanto, S/ 2,562,980 fueron dirigidos al soporte logístico de estas intervenciones, de los cuales se ha utilizado apenas el 21.6%.
La adecuada ejecución presupuestal es clave para frenar el avance de mafias vinculadas a la minería ilegal, especialmente en zonas críticas como Pataz. Desde 2023, al menos 39 trabajadores han sido asesinados en ataques atribuidos a organizaciones criminales, según denunció la empresa Minera Poderosa. La compañía describió la zona como “un territorio sin ley”, donde urge más que respuestas reactivas: se necesita una estrategia estatal integral, sostenida y con resultados medibles.
