Consideró que el actual contexto político complica aún más el panorama, pues muchos congresistas involucrados en la aprobación de ampliaciones al REINFO ahora buscan su reelección.
El exviceministro del Interior, Ricardo Valdés, afirmó a Rumbo Minero que la reciente ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) hasta el 31 diciembre de 2025 era una decisión previsible y casi inevitable en medio de la falta de avances en la Ley MAPE.
En esa línea, indicó que lo realmente novedoso en la ampliación son las condiciones establecidas, como la exclusión de aquellos mineros cuyos REINFO están inhabilitados desde hace más de un año. No obstante, cuestionó si el Ejecutivo está preparado para enfrentar las reacciones que ya se empiezan a manifestar. En ese sentido, alertó que el Gobierno podría revertir esta decisión ante un escenario de protestas crecientes, dado que ha demostrado ser muy susceptible a la presión social.
«Hay unos cambios importantes, interesantes, pero no sé si el gobierno actualmente va a estar en condiciones de poder asimilar lo que ya estamos viendo el día de hoy, que son las protestas y las marchas. Hemos visto que es bastante sensible a eso y seguramente va a dar marcha atrás en algún momento (…)Si es que la protesta social se vuelve muy fuerte, es posible que dé marcha atrás a esto», sostuvo.
Consideró que el actual contexto político complica aún más el panorama, pues muchos congresistas involucrados en la aprobación de ampliaciones al REINFO ahora buscan su reelección y estarían interesados en captar votos del sector minero informal y sus proveedores. En ese marco, no descartó que el Congreso pueda eventualmente extender el REINFO hasta 2026, señalando que “con este Ejecutivo y este Congreso, todo es posible”.
Respecto a la responsabilidad institucional por la falta de una nueva legislación que regule adecuadamente la minería artesanal y de pequeña escala, Valdés apuntó que tanto el Ejecutivo como el Legislativo tienen parte de culpa. Recordó que tras la censura del exministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, quien había presentado una propuesta de ley, el Congreso tuvo tiempo suficiente para hacer los ajustes necesarios, pero no avanzó en una norma sustantiva. Para Valdés, se ha perdido un semestre completo sin resultados concretos, y ahora el Estado enfrenta movilizaciones de mineros informales que se concentran frente al Congreso buscando presionar por nuevas medidas.
Problema estructural
Sobre el impacto de esta situación en la imagen del Perú como destino para inversiones mineras, Valdés fue enfático en señalar que la minería no formal y, en especial, la ilegal, representa un problema estructural de gran magnitud. Explicó que una parte considerable del oro extraído de forma ilegal termina en mercados internacionales como Bolivia, Emiratos Árabes Unidos e India, y que las ganancias provenientes de esta actividad financian delitos como trata de personas, tala ilegal, tráfico de tierras, corrupción y lavado de activos.
Finalmente, sostuvo que el Estado no ha abordado con suficiente seriedad los distintos eslabones de esta cadena ilegal, que va desde el financiamiento y la logística hasta la comercialización internacional del oro. En su opinión, la solución pasa por una ley integral para la minería no formal, particularmente en regiones de la selva, donde los impactos sociales, ambientales y criminales son más graves.
