El mercado del oro atraviesa un momento histórico. Los precios se disparan impulsados por la incertidumbre económica global, las tensiones geopolíticas y una creciente demanda asiática. Pero detrás de este auge, la revista británica The Economist advierte sobre una crisis silenciosa que afecta especialmente a América Latina: el avance de la minería ilegal y su alianza con el crimen organizado.
Según el medio, Perú, como principal productor de oro en la región, es uno de los países más golpeados por esta problemática. La masacre de trabajadores en la minera Poderosa, en la provincia de Pataz, es solo una muestra de cómo la violencia se ha incrustado en el corazón de la actividad minera. “El oro y la coca hacen una combinación letal”, señala el artículo, al explicar cómo las bandas criminales usan las mismas rutas, pistas de aterrizaje y redes logísticas para mover tanto droga como oro.
El impacto económico es significativo. En Perú, se estima que el 44 % del oro exportado en 2023 tuvo origen ilegal, según cifras del Instituto Peruano de Economía. En Brasil, las ganancias de las mafias por oro ilegal superaron los 3.000 millones de dólares en 2022, más que por la cocaína. Y en países como Venezuela, Colombia y Ecuador, el oro sucio alimenta no solo redes delictivas, sino también regímenes autoritarios y conflictos armados.
The Economist describe un escenario crítico en la Amazonía, donde más de dos millones de hectáreas habrían sido deforestadas por la minería ilegal, muchas dentro de áreas protegidas. El uso de mercurio, altamente contaminante, ha envenenado ríos y afectado a poblaciones enteras, según advierte la Amazon Conservation Association.
En Bolivia, la situación también es alarmante: cooperativas supuestamente legales operan sin supervisión ni límites ambientales, mientras el banco central adquirió oro por 1.300 millones de dólares en 2023 en medio de acusaciones de lavado.
El artículo dedica especial atención al caso peruano y al sistema de formalización REINFO, creado para regular a los pequeños mineros informales. Hoy, solo el 2,3 % ha logrado formalizarse. “Es un fracaso total”, sentencia Gonzalo Delgado, de la Universidad del Pacífico. Para The Economist, el REINFO ha sido pervertido y utilizado por mafias para legalizar oro obtenido de forma ilícita.
A pesar del estado de emergencia en Pataz, el medio señala que las acciones del gobierno han sido insuficientes. “Enviar tropas a Pataz fue una señal de debilidad”, afirma Delgado. A esto se suma la presión política: protestas de mineros informales y la aparente complicidad de algunos congresistas complican cualquier reforma estructural.
Luis Miguel Castilla, exministro de Economía, advierte que la situación recuerda a los años más oscuros del Perú: “Veo muchas similitudes con los años 80, cuando grupos armados controlaban grandes partes del territorio”.
The Economist concluye con un llamado urgente a repensar la estrategia. El presupuesto estatal refleja la falta de prioridad: mientras se destinan 73 millones de dólares a la lucha contra el narcotráfico, solo 17,5 millones están dirigidos a combatir la minería ilegal. La represión no basta —dice el artículo— sin una regulación efectiva y una respuesta coordinada, las mafias seguirán desplazándose de una zona rica en minerales a otra.
La advertencia final de la revista es contundente: “Mientras el mundo devora oro, América Latina sangra”.
