Por: Luis Espinoza, exviceministro de Energía del Ministerio de Energía y Minas y experto en desarrollo de mercados energéticos.**
Hace cuatro años, se implementó en el país el Factor de Referencia de Contratación (FRC), con el objetivo de que las generadoras eléctricas contraten de manera eficiente un porcentaje de la capacidad de transporte de gas natural necesario para el funcionamiento de las plantas térmicas.
El FRC fue diseñado para reflejar las condiciones del mercado y evitar distorsiones en el despacho eficiente de energía. Ahora que Osinergmin ha aprobado este factor para el período 2025 – 2029 han surgido una serie de voces que argumentan erróneamente que los nuevos valores pueden significar aumentos tarifarios, apagones o amenazas a la seguridad del sistema eléctrico. Nada más lejos de la realidad: el ciudadano de a pie no verá afectado su suministro eléctrico, ni su economía. Hablamos aquí de un debate técnico, y llevar la discusión a otros terrenos solo genera desinformación.
Por el contrario, el FRC aprobado busca precisamente lo opuesto: introducir mayor eficiencia en el sistema, considerando escenarios reales y futuros, sin comprometer la generación energética. Es decir, se trata de una herramienta que ayuda a hacer más sostenible y competitivo el sistema eléctrico, y no a desestabilizarlo.
En este sentido, aumentar el FRC elevaría innecesariamente los costos de los generadores y podría obligarlos a salir del mercado, como sucedió con EGASA en 2019. En un contexto así, muchas empresas podrían optar por migrar a tecnologías más competitivas, como las energías renovables, abandonando el gas natural como fuente de respaldo. Ese sí sería un verdadero riesgo para la confiabilidad del sistema.
Otro argumento que se ha usado es el supuesto impacto en las tarifas eléctricas. Este no existe pues los pagos de los clientes residenciales están determinados por contratos a largo plazo y no tienen relación alguna con el FRC.
Se habla también de una afectación al proceso de masificación del gas natural y ahí debemos ser claros: ningún actor del sistema de generación eléctrica podría estar en contra de este objetivo. Lo único que se quiere es garantizar que el uso de la capacidad de transporte de gas sea eficiente, no existan sobrecostos para los generadores y que las plantas térmicas que reciben pagos por potencia estén realmente listas para despachar energía cuando se requiera.
Lo que sí es evidente es que algunas posiciones buscan que el proceso de masificación del gas y el desarrollo de gasoductos, como el que se quiere construir al sur del país, se financien a costa de los generadores eléctricos, obligándolos a asumir mayores costos por una capacidad de transporte que no usarán.
Y la mejor prueba de que esta controversia no tiene que ver con un supuesto riesgo para la masificación del gas natural es lo ocurrido hace apenas cuatro años. En ese momento, ningún actor relevante del sector expresó reparos al FRC, a pesar de que los valores fijados por Osinergmin eran muy similares a los recientemente aprobados para el periodo 2025-2029.
El Perú no necesita discursos alarmistas, sino decisiones técnicas fundamentadas que garanticen un sistema energético fortalecido, competitivo y preparado para el futuro, especialmente cuando en los próximos años entrarán en funcionamiento nuevas fuentes de energía para robustecer la capacidad de generación del país.
Construir el futuro energético del país es un deber del sector, uno que merece ser defendido con verdad, claridad y convicción.
**Las opiniones expresadas en esta columna son de exclusiva responsabilidad del autor y no reflejan necesariamente la posición editorial de este medio.
