Gobierno debe asegurar y proteger focos de producción para garantizar libertad de trabajo y evitar quiebras, indicó el gremio.
La Asociación Peruana de Operadores Portuarios (ASPPOR) invocó al gobierno disponer, según la ley, el estado de sitio en los principales focos de producción debido a que la violencia subversiva afecta en cadena a la economía nacional, como es el caso del agro, la minería, el turismo, entre otros.
“No hacerlo sería no valorar a quienes trabajan, invierten y producen en este país. Creemos que el gobierno aún es consciente de que la sostenibilidad del sistema democrático pasa por una economía en paz”, señaló el gremio portuario.
Asimismo, ASPPOR consideró que la presidenta Boluarte debe definir su posición política frente a la violencia ya que la contención en sí misma no es una forma de gobierno.
«Si la violencia continúa será incontrolable pues, desde ya, no se está garantizando la seguridad individual ni la libertad de trabajo. Contener desmanes no prepara el terreno para ningún diálogo ni es un disparador de negociaciones», señaló Favio León, presidente de ASPPOR.
«Todo lo contrario, aumenta la violencia, se afecta a los trabajadores y sus familias y al final, origina el descontento y la depresión de los inversionistas, trabajadores, y una pésima imagen exterior”, agregó.
León mencionó que «creemos por ello que hay que aplicar el uso de la fuerza según lo previsto en la ley. El Ejecutivo ya no puede permanecer con actitud de apertura al diálogo frente a fuerzas que se nutren de la ilegalidad, por lo que la señora Presidenta debe pedir el apoyo técnico correcto, la determinación y definición política necesaria para terminar con este clima enrarecido».
Afectaciones
Según cálculos del sector, desde diciembre 2022 los bloqueos de vías terrestres han afectado los flujos de nuestro comercio exterior de bienes porque contribuyen al diferimiento de embarques (lo que se refleja en la reducción de exportaciones) y en algunos casos involucran pérdidas (productos perecibles).
Así, se genera una baja en la utilidad de los exportadores, vía mayores costos logísticos en el transporte y salida al exterior de sus bienes; y la penalización del precio de exportación por demoras y/o pérdida de contratos.
En lo que respecta a la importación, se han generado retrasos y sobrecostos logísticos en la distribución interna, lo que ha contribuido a reducir la oferta incrementar los índices de inflación al productor y al consumidor.
Se esperaba que, en diciembre de 2022, la agroexportación (no tradicional + tradicional) supere lo visto en similar mes de 2021. No obstante, en base a data preliminar de SUNAT (que puede variar en la revisión de febrero), se observa una caída de US$ 93 millones.
La Libertad e Ica están entre las regiones más afectadas.
