Para Ángel Chávez de Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados, el pronunciamiento de la premier está más cercano a una cuestión de tipo política-ideológico.
El pasado 19 de noviembre, desde Ayacucho, la jefa del gabinete ministerial, Mirtha Vásquez, anunció el cierre definitivo de 4 operaciones mineras.
La medida fue calificada de unilateral y arbitraria por parte de los empresarios y de los principales gremios mineros del Perú.
Rumbo Minero TV entrevistó al Consejero Especialista en Derecho Minero de Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados, Ángel Chávez, para aclarar el cierre de minas.
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Un primer punto fue que la autoridad competente para el tema de cierres de minas es el Minem y no la PCM.
“Debemos entender que la PCM es una entidad que dirige la política de gobierno; pero no es la autoridad en materia minera”, expresó.
De igual manera, resaltó que un cierre de minas no puede realizarse por pedidos de un grupo de comunidades o pobladores.
“Un funcionario no tiene competencia para determinar el cierre de una operación porque un grupo de personas están en desacuerdo con la operación”, señaló.
También sostuvo que el cierre de una mina ocurre por decisión de una empresa cuando determina que no hay más recursos.
“Si las operaciones mineras se cerraran conforme con planes de cierre originales; entonces si hubiese más mineral tendrían que presentar otros estudios, abrir lo que ya se cerró y volver a impactar”, apuntó.
Mensajes contradictorios
El Consejero Especialista en Derecho Minero de Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados también consideró que ese tipo de decisiones solo dan mensajes confusos.
Frente a ello, recordó que cuando el Estado otorgó una concesión minera existe una obligación de inversión y de trabajo por ese recurso natural concedido.
“No tiene sentido que una empresa acceda a una obligación de trabajo y de inversión; y por otra parte se den esos discursos contrarios a las normas y donde darían a entender que por decisión unilateral y arbitraria de alguien se puede decidir que ya no sigan operando”, subrayó.
Asimismo, indicó que las decisiones de la premier Vásquez, entre otros análisis, se aleja completamente del marco legal.
“El gran problema es que el pronunciamiento de la PCM está más cercano a una cuestión política-ideológico y se aleja del marco legal”, manifestó.
