Los mineros de baja escala han rechazado un proyecto de ley del Gobierno enviado al Congreso que les otorga un límite de seis meses para regularizar sus actividades.
Reuters.- Miles de pequeños mineros de Perú bloqueaban el lunes carreteras y otros acamparon frente al Congreso para reclamar la ampliación por dos años más de un registro que les permite operar temporalmente, pero que según las autoridades ha sido mal usado y facilita la expansión de la minería ilegal.
Los mineros de baja escala han rechazado un proyecto de ley del Gobierno enviado al Congreso que les otorga un límite de seis meses para regularizar sus actividades, plazo que regirá desde el 31 de diciembre cuando terminará la vigencia del actual Registro Integral de Formalización Minera (REINFO).
«Nosotros pedimos al menos dos años de ampliación y que se nos dé una nueva ley que permita terminar nuestra formalización», dijo por teléfono el presidente de la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal (Confemin), Máximo Bécquer.
El REINFO, prorrogado varias veces, nació a inicios de la década pasada para permitir la formalización de los mineros artesanales, pero muchos aprovecharon el permiso temporal para operar en zonas prohibidas o en propiedad de terceros, sin cumplir las exigencias ambientales y laborales.
En la protesta, miles de mineros con sus uniformes y cascos de plástico, han bloqueado la principal carretera de la costa en las regiones sureñas de Ica y Arequipa, dejando cientos de vehículos de carga y de pasajeros atascados a lo largo de hasta cinco kilómetros según imágenes de la televisión local.
El Gobierno tiene unos 85.000 registros de mineros artesanales, la mayoría de zonas pobres del interior del país, pero sólo un 20% de estos mineros han podido formalizarse desde el 2012 cuando fue creado el programa. Perú es el octavo productor global de oro según datos el sector privado local.
El resto opera con permisos suspendidos en áreas que pertenecen a empresas formales, o de forma ilegal en medio de denuncias de enfrentamiento y ataques a minas establecidas que han dejado al menos treinta de muertos en los últimos dos años.
Bécquer afirmó que el Gobierno quiere reubicar geográficamente a los mineros artesanales y obligarlos a suscribir un contrato de operación con los titulares de las concesiones mineras que «generalmente son las grandes empresas».
«Estamos fregados porque el titular de la concesión no quieren formar contrato con nosotros, y si acepta nos ponen condiciones en la que el negocio ya no es rentable», manifestó.
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Pedro Yaranga, analista en conflictos sociales, dijo que «hay concesiones ociosas, entonces eso se debe compartir con los pobladores de la zona, no con ilegales (…) En caso no se vaya a solucionar, esto va ser una bomba de tiempo».
Cientos de mineros han instalado carpas a lo largo de tres cuadras cerca del Congreso y muchos permanecen allí desde la semana pasada para exigir a los legisladores una ley a su favor.
Perú produjo 99,7 millones de gramos de oro en 2023, un 2,8% más que en el año previo. Según el Gobierno, las pequeñas minas artesanales extraen alrededor del 40% del mineral, aunque los representantes formales de este sector aseguran que es el 50%.
«Estamos aquí durmiendo en la intemperie y el gobierno no nos hace caso. El 31 de diciembre se anula el REINFO y a donde vamos a parar», dijo Nelson Calderón, un minero de 45 años de la región andina de Ayacucho que vino a Lima para protestar.
Durante los primeros años de permisos temporales, los precios más bajos del oro y el cobre no eran atractivos para los mineros de pequeña escala. Pero ahora están tocando máximos por la demanda de estos metales para la transición energética.
