El ministro de Energía y Minas, Jorge Montero, anunció que el Gobierno ha ordenado la suspensión de todas las actividades mineras, formales e informales, durante 30 días en los distritos de Pataz, Parcoy y Tayabamba, en la provincia de Pataz (La Libertad). La medida fue adoptada en Consejo de Ministros por «razones de orden superior» y podrá ser prorrogada según evolucione la situación en la zona. No obstante, hasta el momento, no se ha publicado la norma legal que especifique la medida.
Según explicó el ministro, el objetivo es recuperar el control estatal ante el aumento de la inseguridad y los conflictos generados por la minería ilegal.
Al respecto, el consultor en temas de minería, hidrocarburos y gestión pública, Iván Arenas, señaló a Rumbo Minero que es un error del Ejecutivo restringir durante 30 días la producción y comercialización del oro dado que el problema de la trazabilidad del oro no es en el sector formal, sino en el ilegal.
Arenas agregó que “se sabe con precisión dónde están las 455 bocaminas vinculadas a actividades informales e ilegales. Ahí operan las bandas criminales. No tiene sentido cerrar toda la actividad minera bajo el argumento de que se intervendrán todas las bocaminas. Tratar por igual a formales e informales es una medida injusta”.
Por su parte, el antropólogo Jaime de Althaus también cuestionó la decisión, señalando que “paralizar todas las empresas, incluso aquellas que han construido la base que alojará a policías y militares y que proveen logística, es absurdo, contraproducente e inaceptable”.
Reinfo será reemplazado
Montero también anunció que los mineros inscritos en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) que se encuentren en condición de suspendidos quedarán fuera del proceso de formalización. Agregó que el Reinfo será reemplazado por un nuevo modelo que promueva la formalización de la pequeña minería mediante incentivos financieros, comerciales, tributarios y asistencia técnica.
Esta reforma irá acompañada de la aprobación de una nueva Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (Ley MAPE), actualmente en revisión en el Congreso, con el fin de modernizar el marco legal y definir con mayor precisión los estándares de la minería formal a pequeña escala.
Finalmente, el ministro anunció la creación de una mesa de diálogo multisectorial con la sociedad civil de la provincia, como parte de una estrategia para reforzar el vínculo entre el Estado y la población local.
