En un fallo sin precedentes, el Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos determinó que el expresidente Donald Trump excedió sus atribuciones al imponer aranceles generales bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA).
El tribunal invalidó todas las órdenes generales emitidas por Donald Trump desde enero utilizando esa ley, incluidos los aranceles del 10% aplicados a todas las importaciones y otras tarifas impuestas a países con los que EE.UU. registra mayores déficits comerciales, como China.
«La decisión de la Corte Internacional para el Comercio Internacional, basada en la Ciudad de New York, ha sido tomada por los mercados financieros con alivio”, sostuvo José Gonzales, editor internacional de Rumbo Minero.
Quedaron fuera del alcance de este fallo medidas específicas sobre sectores como el acero, el aluminio o la industria automotriz, reguladas por otras disposiciones legales. No obstante, la administración Trump apeló de inmediato y calificó la resolución como una intromisión judicial en temas de seguridad nacional. El vocero de su equipo aseguró que los déficits comerciales representaban una «emergencia nacional» y que no era función de “jueces no electos” decidir cómo abordarla.
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Gonzales advierte que, aunque los mercados reaccionaron positivamente, aún “no se ha aliviado la incertidumbre, debido a que la Administración Trump ha apelado a la decisión en un proceso que puede tomar tiempo; mismo tiempo en el que la misma (la administración gubernamental) puede recurrir a otros poderes legales y administrativos para tratar de mantener las tarifas”.
Entre estos mecanismos se encuentran disposiciones como la Sección 301, que permite sanciones comerciales en respuesta a prácticas desleales tras un proceso formal, o la Sección 232, invocada por Trump para proteger sectores estratégicos como el acero y aluminio. También existe la Sección 122, que autoriza tarifas generales por hasta 150 días sin revisión previa. “Esta permite algo más cercano a la estrategia de Trump de imponer aranceles a todos, pero no indefinidamente”, explicó Gonzales.
El fallo ha generado especulaciones sobre una posible crisis constitucional si la administración decidiera ignorar el mandato judicial. “Si la Administración Trump decidiese no acatar la sentencia (…) podría precipitar una crisis constitucional”, advirtió el especialista.
