Mientras el Congreso debatía la ampliación del REINFO, mecanismo creado para formalizar la minería artesanal pero criticado por fomentar la informalidad, se revelan nuevas conexiones entre dirigentes mineros, agrupaciones políticas y operaciones millonarias en zonas de débil control estatal como Pataz, La Libertad.
Dirigentes de AMA Pataz se alinean con Podemos Perú
Un hecho que ha encendido las alertas es la reciente afiliación de cinco miembros del consejo directivo de la Asociación de Mineros Artesanales de Pataz al partido Podemos Perú, justo antes de votarse la extensión del REINFO. Entre ellos figura José Torrealva Yparraguirre, presidente de la asociación y exalcalde.
Torrealva registró 28 visitas al Congreso entre 2023 y 2024, muchas de ellas en fechas coincidentes con debates parlamentarios sobre el REINFO. Junto a él, se afiliaron Víctor Hugo Pariatón, Rosario García Julca, Pedro Ramírez Aguilar y Octavio Aranda Campos. Todos comparten vínculos con operaciones mineras en la zona.
Torrealva es también gerente de Inversiones Daymart, empresa dedicada al transporte de minerales. Según reportes periodísticos, entre enero y agosto de 2024, 34 volquetes de esta compañía cruzaron el control policial de Chagualito, movilizando alrededor de 25 toneladas de oro, equivalentes a más de US$ 4 millones en valores de mercado.
El punto de control cuenta apenas con tres policías, sin presencia de la Sunat ni del Ministerio de Energía y Minas, por lo que no es posible verificar si el oro transportado proviene de fuentes legales. “Aquí no se puede determinar si el oro es ilegal o no”, admitió un oficial consultado.
Los camiones suelen circular entre las 4:00 y 6:00 a.m., con documentación que cumple formalidades básicas, pero sin mecanismos reales de trazabilidad.
En paralelo a la circulación del oro, la violencia se ha intensificado en la zona. La minera formal Poderosa ha sido blanco de 17 atentados con dinamita desde 2022, afectando torres de alta tensión que alimentan sus operaciones subterráneas. Estos sabotajes han puesto en peligro a los trabajadores al dejar sin ventilación los túneles.
Además, se han reportado constantes invasiones nocturnas de grupos criminales a los socavones. Las imágenes captadas por Cuarto Poder muestran túneles de hasta 3 kilómetros de profundidad en condiciones de extrema precariedad, sin seguridad ni vigilancia estable.
