Entrevista: Marco Arana, fundador de ‘Tierra y Dignidad’
Antes que Gregorio Santos, quien inició y encabezó la radical oposición a la actividad minera en Cajamarca fue Marco Arana, ex sacerdote y fundador del Movimiento Tierra y Libertad, ahora convertido en Partido Tierra y Dignidad. Rumbo Minero lo entrevistó para conocer cuáles fueron las razones que lo impulsaron a hacerlo, qué piensa de la actividad minera en general, qué lecciones le dejó Conga y qué proyecta respecto al futuro de los otros proyectos mineros de la región, así como para saber cuál es el modelo de desarrollo que propone para Cajamarca y el país y, finalmente, cuáles son sus planes políticos a futuro. Aquí las respuestas que nos dio.
¿Cuál es el modelo de crecimiento económico que usted tiene para Cajamarca en particular y para el país en general?
Todo modelo de crecimiento económico depende de múltiples variables y no solamente de una actividad económica primaria-exportadora que genera grandes vulnerabilidades para el desarrollo del país, porque depende de factores externos como la fluctuación de los precios internacionales o la desaceleración del crecimiento económico de importantes economías mundiales. En ese sentido, prefiero el modelo económico que defina al país como un país pluri-productor.
En minería y otros sectores tenemos que dejar de centrarnos solo en la extracción primaria de recursos, y pasar a la transformación e industrialización de los mismos. Asimismo, debemos apostar más por otros rubros económicos como la agroindustria, específicamente, la pequeña y mediana agricultura olvidada, teniendo en cuenta el encarecimiento global de los productos alimentarios, los procesos de acumulación de grandes cantidades de tierras agrícolas, y el cambio climático que amenaza la seguridad alimentaria de la población. Y finalmente, desarrollar el sector turismo.
La idea de que solo la minería salvará al país es una visión dogmatica y tautológica. La minería debería activar otros sectores económicos que no sean exclusivamente dependientes de ella sino que más bien sean alternativos a ella.
Y en Cajamarca, ¿qué otros sectores productivos se pueden desarrollar como eje económico de la región?
En Cajamarca lo que se ha hecho es ignorar la realidad demográfica, social y económica de la región. Se ha dicho que Cajamarca es una opción minera, cuando nosotros rechazamos esa conceptualización, no porque neguemos la minería sino que porque el 78% de la población es agrícola–ganadera. Entonces la región necesita el desarrollo de políticas de promoción, de incentivos de mercado, de transferencia tecnológica, de mejora de la productividad y competitividad. En otras regiones se da este debate pero no en Cajamarca porque se le considera que es minera per se.
Pero la minería es la actividad que genera más ingresos económicos a Cajamarca.
Hay que mirar el crecimiento económico por el bienestar de las personas, y 20 años de minería en Cajamarca no ha mejorado sustantivamente el bienestar de la población. Y Gregorio Santos y los opositores a Conga no son los responsables de la pobreza en la región. En el Perú la pobreza de Cajamarca es histórica.
¿Se considera usted como un ‘antiminero’?
La adscripción antiminera a varios dirigentes sociales y a mi persona es una invención que lo que busca es descalificarnos o demonizarnos. No dudo que por razones ideológicas algunos dirigentes en algunos discursos hayan negado la importancia de la minería para la economía del país, pero de allí a caricaturizar a todo crítico u opositor de un determinado proyecto minero, es caer en una campaña mediática de demonización del adversario.
¿Hay alguna empresa minera en el Perú que usted considere social y ambientalmente responsable?
No es posible afirmar que haya una empresa minera modelo en materia ambiental y social en el país, pero sí creo que hay componentes en las prácticas sociales de las empresas que son positivas y que deberían ser incentivadas y estandarizadas. Por ejemplo, Las Bambas es el primer caso en el que la empresa, previo a la operación del proyecto, crea un Fondo de Inversión Social a favor de la comunidad, lo cual hizo socialmente viable el proyecto en Apurímac.
En materia ambiental, cuando Gold Field tuvo un accidente de derrame de sustancias tóxicas en la carretera de la provincia de San Miguel, en Cajamarca, la empresa aparte de contratar un equipo de técnicos para evaluar el impacto ambiental del derrame, les sugirió a los pobladores que también colocarán a sus propios evaluadores. Así, en función al comparativo de los dos informes se estableció una reparación del daño. Esta empresa también tuvo problemas con la población, pero desarrolló otro tipo de relacionamiento con ella.
Entonces, estas buenas prácticas empresariales deberían analizarse y estandarizarse en todos los proyectos. Lógicamente estas prácticas también dependerán de la rentabilidad del proyecto, del volumen de producción, los precios, la capacidad financiera de la empresa, entre otros factores.
Y en caso del proyecto Conga, ¿estas buenas prácticas empresariales podrían empezar a aplicarse?
Pudo aplicarse en su momento, pero creo que estas prácticas no figuraban en la agenda de Yanacocha.
LAS LECCIONES DE CONGA
Desde su punto de vista, ¿cuáles son las lecciones que nos dejó la paralización del proyecto Conga?
La primera lección es que no se pueden imponer los proyectos mineros a la población. La segunda lección es que no se puede seguir creciendo sin instrumentos y marcos jurídicos e institucionales claros y establecidos. Por ejemplo, Cajamarca fue una de las primeras regiones a la que el Ministerio del Ambiente le aprobó su Plan de Ordenamiento Territorial, pero a la fecha la ley sigue durmiendo el “sueño de los justos” en el congreso.
La tercera lección es que necesitamos mejorar las prácticas empresariales de las mineras. En Cajamarca la propia Defensoría del Pueblo ha admitido que Yanacocha ha desarrollado una serie de pésimas prácticas sociales y ambientales. La empresa ha mejorado sus prácticas después de los lamentables conflictos sociales. Una minera con malas prácticas sociales y ambientales genera grandes conflictos.
Después de los lamentables conflictos sociales que determinaron la paralización del proyecto Conga en el 2012, ¿cómo podríamos empezar a viabilizar este proyecto en la actualidad?
Conga sigue siendo un proyecto inviable ambiental y socialmente. El proyecto está ubicado en una zona de generación de recursos hídricos, en donde su desarrollo afectaría gravemente a tres grandes cuencas hidrográficas: Jadibamba, Llaucano y Celendín. Y en materia social, después del saldo de la conflictividad social: cinco muertos, 300 personas heridas y 800 cajamarquinos denunciados, la empresa Yanacocha ha perdido toda posibilidad de credibilidad ante las comunidades y, por ende, la legitimidad social que necesita el proyecto.
Pero Yanacocha acaba de culminar la construcción del reservorio de Chailhuagón, un sistema que regulará y suministrará agua todo el año, acorde con su responsabilidad social.
El reservorio de Chailhuagón es parte de un nuevo concepto de la empresa, pero recordemos que Yanacocha nunca quiso resolver el problema hídrico de Cajamarca porque siempre negó que haya problemas con el agua. Dijo que sus operaciones iban a ser limpias, con tecnología de punta, y terminó desapareciendo el río Grande por completo.
¿Hay algún otro proyecto minero que represente riesgos ambientales y sociales en Cajamarca?
Veo con preocupación el proyecto Galeno, porque se pretende desarrollar en una zona de ecosistema frágil, justo al lado de Conga. Y es que los EIA han resultado obsoletos en el país, porque están midiendo los impactos posibles sobre un determinado proyecto, cuando en Cajamarca la presión de las exploraciones y expansiones mineras son muy grandes. Entonces, si tenemos un Conga, un Galeno y un Michiquillay juntos, debería existir un instrumento de gestión y planificación ambiental que nos permita medir impactos ambientales agregados de los proyectos que se vienen sumando.
Actualmente, Galeno es un proyecto en etapa de exploración, pero que está manejándose con un perfil bajo, distinto al de Yanacocha.
¿Qué opina de la reciente aprobación del EIA del proyecto Tía María?
He conversado con los dirigentes del Distrito de Cocachacra, en la provincia de Islay, y me han dicho que la aprobación del EIA es gasolina pura que se acaba de echar a una hoguera que estaba húmeda. Tía María va a generar un conflictividad, no sé de qué tamaño, pero sí un conflicto social. Y es que el famoso paquete reactivador de la economía ha perjudicado los avances de la regulación ambiental de los últimos años.
¿A futuro, cuáles son sus perspectivas económico-sociales de Cajamarca?
En primer lugar, Cajamarca necesita desarrollar actividades económicas sustentables en términos ecológicos, apuntando al fortalecimiento de las actividades agropecuarias, la agroindustria, el turismo y redefinir el rol de la minería en la región en base a los planes del Ordenamiento Territorial.
Nunca he dicho Cajamarca sea una zona sin cabida para la actividad minera. Eso es un invento de mis detractores. Lo que creo es que se debería establecer en qué zonas se puede desarrollar la actividad minera y en qué zonas no. Mi opinión es que la región en adelante solo podrá albergar a la pequeña y mediana minería formal, y no a megaproyectos, debido a su alto impacto ambiental.
En segundo lugar, debemos ejecutar programas de mejoras en materia educativa, en salud y en infraestructura vial. Creo que el gobierno central en coordinación con el gobierno regional y locales, debería redefinir las metas de desarrollo de Cajamarca.
Finalmente, dígame si estoy entrevistando al candidato presidencial de Tierra y Libertad en las elecciones del 2016.
Es una posibilidad, pero creo que lo más importante es iniciar un debate político nacional sobre el rol de las industrias extractivas en general, incluyendo a la minería. Yo no le corro a este debate porque es por el bien de todos, incluyendo de la propia industria.
¿Cuál es su opinión sobre el “paquete reactivador” del Ejecutivo?
Con la creación del paquete reactivador del Ejecutivo, el gran perdedor es la sostenibilidad ambiental del país. En el 2009 se había hecho un gran avance con la creación del Minam, luego el Senace y el OEFA que cumplía un rol más activo en materia de fiscalización ambiental, pero con este paquete el plan de institucionalidad ambiental regresiona. Ahora los EIA se aprueban en 30 días, el OEFA tiene una rol básicamente educativo porque ha tenido que bajar sus exigencias, y para colmo estas medidas económicas del Ejecutivo ignoran plenamente los derechos legítimos de las poblaciones indígenas, como las consultas respectivas sobre sus territorios. La idea es tener un Estado que regule eficientemente, sin caer en estatismos.
Rumbo Minero Ed. 82 – Octubre 2014
